La Asamblea Legislativa decidió con 47 votos que la discusión sobre la interpretación auténtica del Decreto de Emergencia, relacionada al pago de del salario de personas trabajadoras, vuelva a la Comisión de Trabajo para continuar con su discusión. El presidente de la República acusa al Parlamento de intentar “quebrar al ISSS”.
Por Norma Ramírez/Foto: Referencia-Presidencia
El 14 de marzo la Asamblea Legislativa aprobó con 84 votos el Decreto Legislativo número 593, que contiene la declaratoria de Emergencia Nacional por el coronavirus COVID-19. Esto fue días previos a que se confirmaran los primeros casos en el país.
Una de las disposiciones del Decreto, en su Artículo 4, es que las y los trabajadores que sean enviados a cuarentena, no podrán ser despedidos ni se les aplicará descuento, tampoco a aquellas personas imposibilitadas de regresar al lugar de trabajo por restricción migratoria o sanitaria, ya sea en el país o el extranjero.
Además, establece que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) debe dar durante las cuarentenas “el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común, previstas en el Código de Trabajo y la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos”.
“En este caso, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador o trabajadora en cuarentena, durante el tiempo requerido para ella y de conformidad a lo señalado en el Artículo 48 de la Ley del Seguro Social y el Artículo 24 del Reglamento de Aplicación del Régimen del Seguro Social”, dice textualmente el tercer inciso del Artículo.
En la plenaria del jueves 26 de marzo, la fracción del FMLN propuso hacer una “interpretación auténtica” de dicho Artículo, dado que éste fue aprobado previo a la declaratoria de cuarentena. “La propuesta fue para aclarar que el Seguro Social debía pagar a las personas que están en los albergues, que venían en vuelos y que al llegar fueron llevada a cuarentena”, dijo a la Red Informativa de ARPAS la diputada del FMLN, Cristina Cornejo.
“Ni siquiera la mitad de la gente que está ahí (en albergues) cotiza al ISSS, entonces no es cierto que íbamos a poner en crisis al Seguro”, agregó Cornejo. Por lo que, dijo, las empresas están en la obligación de pagar el salario a las y los trabajadores, como se establece en el Decreto 593.
Tras la aprobación en la Asamblea, el Presidente de la República, Nayib Bukele, cuestionó a los diputados y diputadas y los acusó de intentar “quebrar al ISSS” y de favorecer a la Empresa Privada.
“Desde temprano, la ANEP cabildeaba para que la Asamblea reformara la ley y quitarse la obligación de pagar a los trabajadores, cargándole esa obligación al Seguro Social. Una carga financiera de 320 millones de dólares mensuales. El robo más grande del siglo”, dijo Bukele en redes sociales.
Según la diputada Cristina Cornejo, es lamentable la forma en que el presidente de República manejó el tema. “Lamento la manipulación mediática que el presidente está teniendo en muchas cosas en relación a la Pandemia del COVID-19, no se vale jugar con el miedo de la gente”, manifestó la parlamentaria.
Cornejo insistió en que lo “interpretado” fue el texto enviado desde Casa Presidencial.
El Grupo Parlamentario del FMLN, solicitó que el dictamen de interpretación auténtica fuera regresado a la Comisión de Trabajo para continuar con su discusión.
Gobierno debe aclarar
Para la economista, Tatiana Marroquín es necesario que el Gobierno defina mejor el Decreto y la disposición referida a la responsabilidad del Seguro Social.
“El Ejecutivo debe decir con claridad a quiénes se refiere cuando habla de debe tener cobertura el ISSS por cuarentena, y los impactos que tendrá para el Seguro Social en el caso que requiera refuerzo presupuestario”, agregó.
Sobre el déficit que empresas podrían tener, Marroquín aseguró que es necesario que se definan políticas públicas claras para responder, principalmente, a la Pequeña y Mediana Empresa que están siendo afectadas económicamente.
“Se pueden utilizar medidas que otros países están implementando, por ejemplo, traslado directo a empresas, condonar cierta parte de impuestos por cuotas patronales; mecanismos hay pero no es el que la ANEP está queriendo implantar en su narrativa y tampoco el que venía en el decreto del ejecutivo”, manifestó.
Sobre lo referido al presupuesto para el ramo de salud, la economista Tatiana Marroquín, señaló que hay carencia dado que, hasta la fecha, no hay ningún refuerzo para el sistema público ni el Seguro Social.
Hizo referencia al “préstamo” que se ha aprobado para que el Gobierno tome $25 millones del ISSS para el hospital que se va a construir en CIFCO. “Si se quiere enfrentar esta crisis, se debe procurar que estén bien financiados el ramo de salud y el ISSS. Ellos tienen los mismos fondos que se les aprobaron desde diciembre de 2019”, cuestionó.
Para la economista en la actual coyuntura es importante analizar, desde la ciudadanía, se hagan análisis críticos frente al discurso oficial. “Difícilmente vamos a ver un cambio en el discurso y narrativas del presidente y sus funcionarios, pero como ciudadanía podemos exigir un mejor enfoque, pedirles que se enfoquen en las cosas que de verdad nos importan a la población”, aseveró.
