Piden que estado de emergencia no sea propicio para vulneración a derechos humanos.
Por: Krissia Girón y Josseline Roca/ Imagen: Freepik
A través de un comunicado, un grupo de organizaciones sociales ven con preocupación la restricción de libertades constitucionales, la falta de información y restricción a la prensa, detenciones arbitrarias y abusos de autoridad, entre otras vulneraciones, en el marco de las medidas implementadas por la emergencia del COVID-19.
Consideran que la superación de las condiciones de la emergencia sanitaria es a partir de la suma de todos los sectores. Sin embargo, cuestionan que la concentración de todo el poder en el Ejecutivo sea la mejor forma de sobrellevar la crisis, ya que este órgano de Estado no está brindando información adecuada y oportuna a la población.
“No permite a la prensa que haga preguntas sobre el problema; al contrario, ya se registran varios casos en que periodistas se han visto amenazados por realizar su trabajo, esto pese a que el decreto legislativo de restricción no ha limitado la libertad de expresión y de prensa”, aseguraron.
También ven con preocupación la invisibilización del papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), garante de observar el cumplimiento de derechos por parte del Estado, y a quien no se ha incluido en los decretos ejecutivos que exponen las medidas a tomar en el marco de la emergencia.
“Más preocupante aún es pretender la anulación por decreto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Vemos con preocupación que las otras instituciones -que conforman el Ministerio Público, fueron mencionadas en el decreto 12 del Ministerio de Salud y en la normativa que emitió la PNC, pero se ha invisibilizado a la PDDH, ya sea por omisión o intención”, afirman en el comunicado.
Exhortaron al Ejecutivo a no dar órdenes ambiguas, ilegales o de dificil cumplimiento, ya sea por redes sociales o cadenas de medios de comunicación. “Todo tipo de funcionario, al cumplir esas órdenes de forma automática, sin revisar su pertinencia constitucional o legal, podrían estar cometiendo arbitrariedades en contra de la población. Mientras, ésta se debate en la incertidumbre, por falta de precisión de las normas legales que le son aplicables, lo que provoca falta de seguridad jurídica.”
El documento difundido fue firmado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM), Asesoría de Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE), el Foro Nacional de Salud, entre otras.
Por su parte, la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares llamó a “corregir abusos y errores de la estrategia gubernamental contra el COVID-19”.
La Coordinadora señala que -pese a que el Gobierno ha decidido no coordinar esfuerzos con las organizaciones- respaldan la estrategia gubernamental contra el COVID-19 y se han sumado a diversas acciones de prevención, a partir de su experiencia.
Sin embargo, señalan algunas acciones y omisiones, entre ellas, lamentan la “falta de información suficiente, detallada y confiable sobre la situación de la pandemia en el país”. “El gobierno se limita a anunciar los supuestos casos, negándose a dar más información, que podría servir para orientar mejor las acciones de prevención”, dijeron.
Señala que lo anterior, más el hecho de negarse a responder preguntas de periodistas “alimenta las especulaciones sobre si son más casos, y el gobierno los oculta para hacer ver que su estrategia de prevención funciona; o sin son menos pero se inflan para justificar acciones”.
Las dudas sobre acciones que buscan justificarse son principalmente para la aprobación de millonarios fondos en la Asamblea Legislativa, dice la Coordinadora, por lo que rechazaron los intentos de más endeudamientos y que después se implementen “nocivas” medidas de ajuste fiscal para pagarlos.
“Tenemos el razonable temor de que para saldar deudas con acreedores las medidas a tomar sean incrementar el IVA, reducir pensiones y subir edad de jubilación, reducir el gasto público y otras que precaricen las condiciones vida de sector populares y capas medias”, expresaron.
Finalmente hicieron un llamado a la población a mantener la calma, “ a no entrar en pánimo y a ver el futuro con esperanza”, concluye.
