Para el abogado, Oscar Canjura, la ausencia de los ministros de Salud y Defensa a la Fiscalía General de la República para explicar el cerco sanitario en el Puerto de La Libertad, es un “mal mensaje para población”. Cuestionó, además, la legalidad de las decisiones que las autoridades gubernamentales han tomado durante la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.
Por: Norma Ramírez/ Foto: Presidencia
El 18 de abril el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó -a través de redes sociales- imponer un cerco sanitario en el Puerto de La Libertad, tras la difusión de un video en el que se veía afluencia de personas en el mercado local, pese a la cuerentena domiciliaria obligatoria.
Inmediatamente el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, -también a través de redes- dijo que “acataría” la orden del mandatario. Esa noche, policías y militares realizaron un amplio despliegue para cerrar el paso hacia el municipio. Esta situación que duró 48 horas y fue levantada el domingo 20 de abril.
El Fiscal General de la República, Raúl Melara, inició una investigación sobre los criterios técnicos en los que se basó la decisión, para lo que citó a los ministros de Defensa, Francis Merino Monroy, y de Salud, Francisco Alabí. Sin embargo ninguno de los dos funcionarios acudió.
Al respecto, el abogado de la República, Oscar Canjura, considera que ésta actitud envía un mal mensaje a la población. “Pareciera ser que no se toma con seriedad este tipo de convocatoria donde se busca que las autoridades, de primera mano, aclaren las dudas que puedan tener, en este caso el Fiscal General de las razones por las que se decretó un cerco sanitario y sobre todo los resultados”, agregó.
Además, sostuvo que la ausencia de funcionarios a convocatorias hechas por otras instituciones para que rindan explicaciones sobre las decisiones y acciones del gobierno es reiterada, “lo hemos visto también cuando la Asamblea Legislativa los manda a llamar y tampoco llegan”.
Cuestionó la falta de cumplimiento de los Ministros, sobre todo, por la emergencia nacional en la que se encuentra el país por el coronavirus COVID-19. “La transparencia y la probidad son principios que deben regir a la administración pública y en este caso al gobierno central”, dijo el jurista a la Red Informativa de ARPAS.
Además, calificó como “deficientes” las explicaciones que se han tratado de dar sobre el tema.
“Toda autoridad debe emitir actos que cuenten con la suficiente motivación, proporcionalidad y sobre todo estar apegados al principio de legalidad”, manifestó.
Tras el incumplimiento, los ministros de Defensa y Salud fueron convocados a un segundo citatorio en la Fiscalía General de la República, para explicar el cerco sanitario en el Puerto de La Libertad.
“Si no llegaran a comparecer nuevamente el Fiscal estaría en posibilidad de hacerlos llegar por medio de apremio para que rindas sus explicaciones”, sostuvo Canjunra.
