A los cuerpos de seguridad y otros funcionarios “abstenerse de obedecer órdenes inconstitucionales o ilegales, tales como detenciones ilegítimas, uso desproporcioando de la fuerza o cualquier abuso de sus facultades”.
Por: Norma Ramírez/ Foto: Freepik
Magistrados/as y jueces emitieron un comunicado en el que expresan preocupación por la «reiterada inobservancia de normas que rigen la independencia judicial» por parte del presidente de la República, Nayib Bukele.
Además, recordaron que la Sala de lo Constitucional es “la máxima autoridad para la interpretación y aplicación del sistema jurídico” en el país, por lo que las órdenes y disposiciones que emita deben acatarse por toda la ciudadanía, funcionarios y autoridades.
Las y los magistrados y jueces mostraron su preocupación pues -en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19- se han dado “transgresiones constitucionales y legales en el ramo de salud”. “Debe tenerse presente que el control de Constitucionalidad es el último mecanismo de corrección ante cualquier violación de Derechos Fundamentales”, agregan.
Por lo que piden al presidente de la República y las autoridades gubernamentales “acatar de forma inmediata las decisiones judiciales, especialmente las de la Sala de lo Constitucional”.
A los cuerpos de seguridad y otros funcionarios “abstenerse de obedecer órdenes inconstitucionales o ilegales, tales como detenciones ilegítimas, uso desproporcioando de la fuerza o cualquier abuso de sus facultades”.
Llamaron al Fiscal General, Raúl Melara, a «cumplir con su rol de garante de la legalidad y en caso de hechos delictivos que se puedan cometer, ejerza las acciones legales».
Al titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, le piden que vigile, controle y supervise la decisión adoptada por la Sala de lo Constitucional.
Además, piden a los organismos internacionales que velan por los derechos humanos y la vigencia de los sistemas democráticos que «inicien el procedimiento correspondiente para vigilar y denunciar actos que atenten contra los mismos, derivado de acciones ilegales» de funcionarios.
En una reciente resolución, la Sala de lo Constitucional estableció que la PNC y la Fuerza Armada «y a cualquier otra autoridad, tienen constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliar».
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