Organizaciones de derechos humanos critican la medida impuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, en el Puerto de La Libertad pues consideran que violenta derechos humanos y es un claro desacato a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.
Por Norma Ramírez/Foto: Fuerza Armada
La noche del viernes el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, establecer un cordón sanitario en el Puerto de La Libertad, tras la difusión de un video en el que se veía que habitantes habían salido de forma masiva, incumpliendo la cuarentena domiciliar obligatoria.
Inmediatamente militares se movilizaron a la zona para instalarse y evitar la salida y el ingreso de la población.
La orden del presidente ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos por considerarla como «desproporcionada» y «una limitación extrema de la libertad de circulación».
La Fundación Cristosal criticó la medida al considerar que «o es un cordón sanitario, es régimen de excepción». «Lo que hemos conocido es una movilización de carácter militar utilizada como ‘castigo’ y ‘represalia’ ante eventuales transgresiones a la cuarentena domiciliar», dice la organización en un comunicado.
Abraham Abrego, director del programa de Acompañamiento de Víctimas de Cristosal, afirma que con esta acción el presidente de la República y sus funcionarios están desacatando las órdenes de la Sala de lo Constitucional, lo que podría tener como consecuencias sus destituciones.
«Lo que procedería en éstos casos es que el Fiscal puede -de oficio- iniciar procesos penales contra el presidente o funcionarios que descatan las resoluciones la Sala de lo Constitucional. De igual forma la Sala, en su labor constitucional de dar seguimiento a sus resoluciones, puede ordenar por la fuerza que se cumplan, que sería la medida más extrema, incluso cualquier tipo de violaciones podrían dar lugar a procesos de destitución de los funcionarios», aseveró Ábrego.
Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), manifestó que la situación que se vive en el Puerto de La Libertad podría calificarse como un estado de sitio que afecta no solamente a la población de la localidad, sino que de municipios aledaños.
Sobre las «peticiones» hechas a Bukele por otros alcaldes, como el de San Luis La Herradura, de que haga lo mismo en su municipio, el director de FESPAD sostiene que ésto «puede ser una estrategia o incluso un acuerdo para fortalecer la línea argumentativa del gobierno y seguir implementado más estados de sitio focalizados en otros municipios».
El director para las Américas de la organización Human Right Watch, José Miguel Vivanco, calificó la medida como «desproporcionada» y señaló que es una «violación a derechos humanos».
Esta tarde el Fiscal General, Raúl Melara, llegó hasta el Puerto de La Libertad para verificar la medida impuesta desde la noche del viernes, tras la orden del presidente, Nayib Bukele.
Denuncian agresiones a operadores de sistema comunitario de agua
En el marco de la instalación del cordón sanitario, organizaciones de la Cordillera del Bálsamo, denunciaron la agresión por parte de militares a dos personas del sistema comunitario de agua ASCOBAPCO, del Cantón El Cimarrón del Puerto de La Libertad.
La agresión se dio cuando los operadores se dirigían a suministrar agua potable a 321 familias de siete comunidades que se abastecen del sistema. Según la denuncia, la agresión ocurrió pese a que las personas se identificaron con sus cartas de movilidad.
Las organizaciones exigen a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar este hecho y que se respete la integridad personas que trabajan en los sistemas comunitarios de agua.
Además, piden que instancias internacionales estén vigilantes de la «violación institucionalizada de derechos humanos en El Salvador».
