Sin conocer cómo se han gestionado los fondos de la primera autorización por $2 mil millones de dólares y sin explicar cómo se pagará la deuda, la Asamblea Legislativa le aprobó al gobierno una nueva gestión de préstamo por hasta mil millones de dólares. Esta medida ha sido cuestionado por economistas, quienes consideran que las principales beneficiadas serán las grandes empresas.

Por: Krissia Girón / aportes de Norma Ramírez / Foto: Ministerio de Hacienda

La Asamblea Legislativa aprobó al Ejecutivo la gestión de un nuevo crédito de hasta $1,000 millones de dólares. Este monto puede gestionarse mediante la emisión de títulos valores, por medio de préstamos o por una combinación de ambas opciones. Este empréstito se suma a los $2,000 millones ya aprobados al gobierno para contrarrestar los impactos por la pandemia de COVID-19.

Según el Ejecutivo el objetivo de estos fondos es reactivar la economía facilitando financiamientos para las empresas, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), afectadas por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.

Con los recursos, se creará un fideicomiso que impulse la recuperación económica de las MIPYMES, el administrador de los fondos será el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL).

Esta será su distribución:

1. $600 millones se destinarán para construir el fideicomiso para la recuperación económica de las empresas registradas como patronos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y empresas informales afectadas por la pandemia. Éstos fondos se colocarán de la siguiente forma:
   • a) $140 millones para el Programa de Subsidio para los Empleados de las micro, pequeña y mediana empresa registradas como patronos en el ISSS;
   • 360 millones para un Programa de Otorgamiento de Crédito, fundamentalmente en línea de capital de trabajo para las empresas registradas en el ISSS, con prioridad a las MIPYMES;
   • $100 millones para un Programa de Financiamiento Productivo para empresarios del sector informal que permita la recuperación económica y que tengan al menos un crédito vigente en el sistema financiero nacional o sistema financiero cooperativo , y que posea categoría de riesgo crediticio A o B, al 29 de febrero 2020.
2. $400 millones serían destinados para reforzar el Presupuesto General del Estado, distribuidos en:
   • $100 millones para el pago a los exportadores de la devolución del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, y
   • $300 millones para pago de obligaciones de proveedores del sector privado del Estado.

De optar por la emisión de títulos valores, deberán colocarse para un plazo de hasta 40 años y podrá amortizarse en cuotas periódicas. Si se elige la contratación de uno o varios créditos, estará sujeto a un plazo de hasta 35 años, que incluya un período de gracia y se amortizará en pago de cuotas semestrales consecutivas.

Para José Luis Magaña, del colectivo Panorama Económico, si el Ejecutivo logra obtener los 3 mil millones de dolares en deuda habrá una inyección de dinero a corto plazo, que circulará en la economía del país. Sin embargo, en los años posteriores será una constante salida de este.

“Tengamos en cuenta que vivimos en un país dolarizado y todos estos pagos se hacen en dólares. Habrá menos billetes circulando en la economía porque es dinero que va a estar saliendo”, dijo a la Red Informativa de ARPAS.

Magaña agrega que para que los inversionistas privados compren los papeles de deuda que emite el gobierno de El Salvador, debe haber cierta confianza en que el Estado podrá pagar estos bonos. Afirma que en los últimos días la confianza de los inversionistas internacionales se ha reducido.

“Si se colocan estos 3 mil millones en el mercado financiero a una tasa del 10% de interés, que podría ser más, implicaría que solo por esta nueva deuda estaríamos pagando 300 millones de dólares a partir del otro año”, explicó.

Esta cantidad según José Luís Magaña, supera los presupuestos para el ramo de educación y salud.

Misma advertencia sobre la deuda realizó el economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, quien advirtió que “de aprobarse estos $1,000 millones más, al cerrar 2020, por cada $100 que se produzcan, se deberían $90.

Sobre la distribución de los $1,000 millones, cuestionó que en algunos rubros “no se define el mecanismo de entrega”.

“$360 millones para un programa de créditos para el sector privado, no se define el mecanismo de entrega y puede beneficiar a empresas grandes. $100 millones para créditos para el sector informal, pero que tengan categoría A o B en su perfil crediticio, por lo que la mayor parte del sector informal no será beneficiado. Los mismos problemas que con la entrega de los $300: exclusión de quienes más lo necesitan”, afirmó.

$100 millones para devolución de IVA a los exportadores y $300 millones para el pago de proveedores. Esto no tiene nada que ver con el COVID-19. Simplemente refleja que el presupuesto presentado aprobado para 2020 era mentiroso. y no se elaboró el presupuesto correctamente.

— Ricardo Castaneda Ancheta (@Recasta) May 5, 2020

La autorización para la gestión de los $1,000 millones fue aprobada con 56 votos. La fracción legislativa del FMLN votó en contra. Para este partido es un “cheque en blanco” para el Ejecutivo. La diputada, Yanci Urbina, dijo a la Red Informativa de ARPAS que el concepto presentado por el Gobierno para la gestión de los fondos es el mismo que el que ya se aprobó con los $2,000 mil millones.

“Y vuelven a hablar de un fondo de crédito para las MIPYMES, de un pago de salario, pero acá incluyen otra parte que está incluida en el Presupuesto General de la Nación: el pago de IVA a exportadores y el pago a proveedores, que también ya estaba contemplado en los 2,000 mil millones”, aseveró la parlamentaria.

El artículo 12 del decreto dice que estos ingresos deberán incorporarse “en el Presupuesto General de la Nación, en el ejercicio fiscal que corresponda”. Esto, según Urbina, da paso a que los fondos se utilicen en cualquier momento y no necesariamente en el marco de la emergencia.

“Ellos no están esperando que esos recursos se incorporen en este año fiscal, y lo que buscan es que, a costa de la emergencia, movilizar una gran cantidad de recursos cuyos propósitos desconocemos y que puedan ser incorporados en los próximos ejercicios financieros como el otro año y en campaña electoral”, sostuvo.

La diputada señaló opacidad por parte del gobierno en el manejo y entrega de información detallada sobre el uso de éstos montos de deuda pública. Con esto coincide la también diputada del FMLN, Cristina Cornejo, quien asegura se desconoce el uso de este nuevo fondo.

“En el pleno hacía un recuento: 2,000 mil millones de dólares más todo lo que tiene presupuestado en el marco de la emergencia, es un total de $3,725 millones de dólares, más estos mil millones aprobados les quedan más de 5 mil millones de dólares que el gobierno tiene destinado para el combate a la pandemia”, expresó.

Tanto a economistas como a otras instituciones les preocupa que el gobierno solicite mayor endeudamiento público en medio de una situación de vulnerabilidad -para el país y el mundo- como la pandemia por COVID-19. Consideran que las autoridades deben dar información más detallada de el uso de este dinero y las formas en que se saldará la deuda, así como definir una nueva reapertura gradual de la economía, que afecten en menor medida a los más pobres.