El Salvador registró 455,900 personas víctimas de desplazamiento forzado interno durante el 2019. De éstas, 1,900 casos por causa de desastres y 454,000 por situaciones de violencia, según un informe del Observatorio de Monitoreo sobre Desplazamiento Forzado (IDCM por sus siglas en inglés).

Por Krissia Girón / Foto: Kolectivo San Jacinto

El informe señala que por cada persona encuestada que dijo haber sido víctima de desplazamiento, 3.3 personas en su hogar también vivieron la misma situación.

Esto coloca a El Salvador en el puesto 16 del listado de 50 países y territorios donde aumentaron los números de víctimas de este flagelo.

Este considerable aumento del número de víctimas de desplazamiento forzado se debe, según el observatorio, a un cambio en la metodología de las entrevistas realizadas a quienes vivieron esta situación. En el país, la encuesta fue realizada por el Instituto de Opinión Pública de la UCA, IUDOP, en noviembre de 2019, para este fin específico, afirma IDMC.

“La encuesta (…) excluye a las personas cuyo desplazamiento está asociado con otros tipos de violencia como homicidios, robos, extorsiones y reclutamiento forzoso. La estimación de la encuesta también se refiere a las personas que han sido desplazadas en algún momento en 2019, en lugar de todos los incidentes de desplazamiento interno. Esto significa que no se capturan los desplazamientos repetidos y múltiples de una persona durante el año”, explica la institución.

El informe agrega que 118 familias están en vías de encontrar soluciones duraderas en El Salvador, aunque sus condiciones no pudieron ser verificadas. Esto se basó en datos de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El observatorio estima que este número se traduce en 507 personas “en función del tamaño promedio de los hogares”.

Esta institución ve con preocupación la situación de desplazamientos forzados internos, sobre todo luego de que El Salvador, Guatemala y Honduras firmaran el acuerdo de “Tercer País Seguro” con Estados Unidos. Esto se traduce en la posibilidad que quienes huyen de la violencia retornen a lugares inseguros, “donde no tengan otra opción que llevar una vida de desplazamientos internos”, afirman.

Además, recordaron la importancia de dar cumplimiento a la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de Desplazamiento Forzado Interno, lo que podría contribuir a llenar los vacíos que dejan los actuales datos sobre el tema.

“La Ley proporciona un registro de datos sobre desplazamientos forzados internos que mejorará la capacidad del gobierno para medir, comprender y actuar sobre este desafío creciente”, afirma el observatorio.

Para Rina Montti, sub directora de monitoreo de Derechos Humanos de la Fundación Cristosal, el tener casi medio millón de personas en situación de desplazamiento forzado interno en 2019, refleja que las políticas de seguridad implementadas por el actual gobierno “no han tenido tanto éxito”.

“Hay otras formas de violencia que están operando todavía en el territorio y que están provocando el desplazamiento forzado. Es importante ahondar cualitativamente en los hechos que están causando esta situación porque la tendencia se mantiene elevada”, dijo a la Red Informativa de ARPAS.

Aunque los datos del IDCM no se encuentran desagregados, Rina Montti explica que la tendencia es que las poblaciones mayormente afectadas por este flagelo son mujeres, niñas, niños y adolescentes.

“Normalmente es un poco más del 50% de mujeres. La tendencia ha sido que el 40% son niños, niñas y adolescentes y cuando juntamos el rango de edad que incluye a jóvenes menores de 26 años, ese porcentaje sube a alrededor del 56%”, explicó.

Montti espera que el gobierno “tome en serio” esta información y pueda trabajar en proyectos que busque la atención y prevención del desplazamiento forzado interno. “Sobre todo ahora que tenemos una Ley de Desplazamiento y una oficina para la atención a víctimas”, aseveró.

A este llamado se suma la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDD). Beatriz Campos, procuradora Adjunta de Migración y Seguridad, expresa que la Ley de Desplazamiento Forzado debe ejecutarse, pensando en crear nuevas estructuras “que no solamente se enfoque en la atención a victimas, en algunos casos”, sostuvo.

Campos expresó que es preocupante como la violencia sigue provocando desplazamientos forzados internos incluso en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19.

“En estos dos meses hemos recibido casos de desplazamiento y es precisamente una persona deportada y que fue desplazada. Nos preocupa porque en los centros de contención se encuentran muchas personas deportadas y recordemos que la mayor causa de migración es la violencia”, dijo Campos a la Red Informativa de ARPAS.

Señala que la Dirección de Atención a Víctimas debería contar con un plan de protección. “Debería tener una vinculación directa con la Dirección General de Migración y el Ministerio de Salud, porque éstas personas van a tener otras necesidades y ya se debería tener un plan para ello”, expresó.