En un webinar organizado por la Procuraduría de Derechos Humanos sobre la situación de connacionales varados en por la emergencia debido a la pandemia por COVID-19, representantes de la CIDH adviertieron violaciones a derechos humanos. La PDDH cuestiona el plan de repatriación del gobierno.
Por Krissia Girón/Foto: Cancillería
Las medidas establecidas por el gobierno debido a la pandemia del COVID-19 impidieron la repatriación de cientos de salvadoreñas y salvadoreños varados en diferentes países. Desde que se anunció la cuarentena en todo el territorio el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue cerrado.
La repatriación de ésta personas que -según datos oficiales se encuentran en 80 diferentes países- no fue inmediata, sino que requirió la intervención de Sala de lo Constitucional que en abril emitió medidas cautelares ordenando al gobierno crear un plan de repatriación. Éste no fue presentado «oficialmente» sino hasta hace un par de semanas.
Esta situación de incertidumbre en la que connacionales se encuentran es, a juicio del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abraoel, una violación al derecho a la nacionalidad.
El secretario afirma que la vulneración a este derecho tiene como consecuencia la afectación de otros, como el derecho a la salud, a la residencia, etc.
Por ello, aseguró que las resoluciones de la CIDH han llamados a los Estados a garantizar el derecho al regreso a los lugares de origen. “El gobierno salvadoreño debe completar la información con el resto de países donde las personas están ubicadas”, dijo.
Por su parte, Joel Hernández, presidente de la CIDH, expresó que los Estados están en la obligación de permitir el regreso de connacionales a sus países, además de tomar medidas y protocolos que “no pongan aún más en riesgo la salud de las personas”.
“Estas medidas deben cumplir con los principios de razonabilidad, proporcionalidad, temporalidad y no discriminación (…) Es importante que estas medidas no sean invasivas de la vida cotidiana de las personas”, enfatizó.
Hernández agregó que la asistencia consular debe incluir facilidades para que las personas vuelvan a su patria, sobretodo las personas que no tienen los recursos para hacerlo.
El director para las Américas de la organización Human Right Watch, José Miguel Vivanco, añadió que esta problemática estaría resuelta si desde el gobierno existiera voluntad. “Si fuera por el gobierno, ya habría dispuesto negarle la posibilidad de regresar a El Salvador a sus nacionales”, manifestó Vivanco.
“Felizmente hay instituciones democráticas que ejercen con fuerza sus atribuciones y defienden la Constitución política y el Estado de derecho, y gracias a ellas y al acompañamiento de organismos internacionales es que el gobierno ha dado marcha atrás y busca maneras -aunque sea a regañadientes- de respetar los mandatos de la Corte Suprema”, expresó.
Vivanco lamentó que no existan avances para la adopción de un plan gradual para el retorno de personas en el exterior.
Estas declaraciones se dieron en el marco del webinar organizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre la situación de las y los salvadoreños varados, en medio de la emergencia por la pandemia del COVID-19.
El Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, aseguró que sí hay un plan de repatriación, pero puso en duda que éste garantice plenamente los derechos de las personas varadas. “Además de las declaraciones de autoridades del Ejecutivo de que ‘no se traen porque están contagiados’, pues con mucha más razón deben traerlos para garantizarles la salud”, dijo.
“Ese plan no tenía un cronograma de cómo iba a ser la repatriación. Advertimos la necesidad de presentar documentos sobre salud y migración. Pedimos que se nos informe cuántas personas han ingresado desde su implementación y no tenemos respuesta”, expresó.
Afirman que, entre las denuncias, recibieron llamadas de personas en El Salvador que han sufragado los gastos de sus familiares varados en el exterior, porque no cuentan con los recursos para poder subsistir. “Producto de las restricciones que hay en el país, los ingresos han disminuído y ahora tienen una limitante para continuar con esa ayuda”, dijo Tobar.
El procurador aseguró que la PDDH trabaja en una resolución con respecto a la situación de los salvadoreños varados en el extranjero, en la que es “muy probable” que el gobierno resulte responsable de haberle violado el derecho de estas personas de retornar al país.
Esta mañana 93 salvadoreñas y salvadoreños llegaron al país provenientes de México, esta acción fue coordinada por la Cancillería como parte del plan de repatriación del gobierno.
Según explicó la Canciller, Alexandra Hill, a la fecha 320 connacionales ha sido repatriados. Explicó que el proceso se realiza de forman gradual. “Hemos iniciado con Centroamérica y México; luego, seguiremos con América del Sur, Estados Unidos, Europa y el resto del mundo”, sostuvo Hill Tinoco.
Según se anunció hace algunos días, el plan priorizaría el 1200 personas de grupos vulnerables.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió el 8 de abril medidas cautelares en relación con las personas varadas, donde instruyó a la presidencia de la República crear un plan de repatriación.
“No hay una intención del Ejecutivo de querer apoyar la dinámica o el fortalecimiento de los derechos de las personas varadas en el exterior”, concluyó el titular de la PDDH.
