Autoridades del Ministerio de Salud de San Vicente dieron a conocer ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que se realizaron 65 pruebas PCR de COVID-19 a reclusos del Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas en San Vicente, de los cuales 25 resultaron positivos.
Por: Krissia Girón/ Foto: Archivo- Secretaría de Prensa de la Presidencia
A través de un comunicado, la PDDH detalló que no se conocen si las pruebas se realizaron de forma aleatoria o en un sector determinado. Sin embargo, ven con preocupación que un 38% de las pruebas realizadas hayan resultado positivas a coronavirus.
“Si bien existen medidas que ayudan a disminuir el grado de contagio, la separación física y el auto-aislamiento en las condiciones en que viven los privados de libertad son prácticamente imposibles, así como las recomendaciones de higiene y lavado de manos, debido a que en los diferentes recintos penitenciarios no existe distribución regular de agua potable e implementos de higiene”, expresó el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, en el comunicado.
Tobar también informó que existe un oficio emitido por el Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Vicente, en el que ordena al director General de Centros Penales, Osiris Luna, y al director del Centro Penal de este departamento, a dar cumplimiento a la regla 30 de las Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos (conocidas como “reglas Nelson Mandela”) que piden garantizar el aislamiento y tratamiento apropiado a quienes sufren de enfermedades contagiosas.
La PDDH resaltó que, al iniciar las medidas para la prevención de contagios por COVID-19, la Dirección General de Centros Penales estableció una cuarentena en todo el sistema penitenciario, lo que ha impedido “el egreso de personal administrativo, de seguridad y custodia –que terminaban turno de hasta 72 horas– hacia sus lugares de residencia; implementando cada 21 días el relevo del personal en todos los centros penales”.
En este contexto, el procurador solicitó un informe, en las siguientes 72 horas, sobre el dato exacto de internos afectados por COVID-19 en el Centro Penal de San Vicente, además de información sobre los focos de infección, nexos epidemiológicos y otros detalles.
También solicitó al Ministro de Salud, Francisco Alabí, información sobre la atención a los casos confirmados.
Ministro confirma casos
Sobre las 25 personas confirmadas con COVID-19 en el Centro Penal de San Vicente, el Ministro de Salud, Francisco Alabí, confirmó este dato en la entrevista televisiva de esta mañana.
«Hoy por hoy ha sido el primero de los casos, también se tuvo una situación similar en una bartolina, donde logramos identificar ciertos casos y se logró contener este crecimiento de la enfermedad. Tenemos que reforzar los filtros de seguridad», afirmó.
Explicó que los pacientes ya están siendo manejados «con los lineamientos en las áreas específicas».
La Dirección de Centros Penales afirmó que se trata de «casos leves».
Las cárceles como «incubadoras» de la COVID-19
Para el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, es preocupante el tratamiento que los Estados den a las cárceles, en el marco de la pandemia, ya que estas se pueden convertir en “incubadoras del virus”.
“Todas las prisiones de la región cuentan con cifras muy altas de sobrepoblación y de hacinamiento de los reclusos. Se debe garantizar el distanciamiento y tratamiento de estos”, expresó el director en una entrevista televisiva.
“Estamos abogando por que, temporalmente y sujetos a vigilancia electrónica, se libere a quienes han cometido delitos no violentos o delitos menores, sobre todo quienes aun no son condenados”, dijo.
Vivanco dijo que este es un problema que compete a toda la población, ya que si estos centros se convierten en epicentro de contagio por COVID-19, “la posibilidad de contagio al resto de las población son altísimas”.
En ocasiones anteriores, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado que las cárceles y prisiones son lugares de alto riesgo para el contagio de COVID-19 y otras enfermedades, por lo que “los Estados deben esforzarse por poner en libertad a todos los reclusos que puedan ser excarcelados sin peligro, y no por arrestar a más gente”.
En un comunicado, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: Rupert Colville, advirtió que los Estados “deberían garantizar un mínimo nivel de contactos con familiares y un acceso adecuado a la alimentación y agua potable, así como brindar información regular y transparente sobre el impacto de la enfermedad sobre los reclusos y el personal”.
