«Todas las personas nos protegemos contra la violencia y el COVID-19» es el nombre de una campaña lanzada hoy por ORMUSA, Aprocsal, la Asociación de Cooperación por la Paz y la Unión Europea. Desde estas instituciones se reiteró el llamado a las autoridades a vigilar el cumplimiento de los derechos de las mujeres durante la pandemia del COVID-19
Por Krissia Girón/Foto: Referencia
La pandemia del coronavirus COVID-19 ha puesto en mayor evidencia otros «males» de la sociedad salvadoreña que requieren pronta atención. Uno de éstos es la violencia hacia las mujeres, problema estructural que se ha agravado con el confinamiento.
Datos de organizaciones de mujeres revelan que, a la fecha, se contabilizan 21 feminicidios. Además, se registran un 70% de aumento en los hechos de violencia contra las mujeres en las relaciones de familia, violaciones a derechos económicos, laborales y otros, todo durante la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.
“Es necesario entender que, ante una pandemia como la del COVID19, ha subsistido otra pandemia que es la violencia contra las mujeres”, afirmó Silvia Juarez, de Ormusa, en el lanzamiento de la campaña «Todas las personas nos protegemos contra la violencia y el COVID-19», con la que se busca dar a conocer los riesgos que las mujeres enfrentan en la emergencia.
Juarez expresó que es importante reconocer que las medidas de confinamiento, a causa de la pandemia, han significado un aumento en el trabajo del cuidado, que recae principalmente en las mujeres.
“Esto supone una carga adicional a su historia, donde son las mujeres las que tienen -con menores ingresos y mayores desigualdades- que afrontar esta pandemia e ir resolviendo para la sociedad una situación crítica como la que enfrentamos”, dijo la representante de ORMUSA.
Otro aspecto que preocupa a las organizaciones son las decisiones que suponen la restricción de derechos, ya que las personas ven amenazadas su seguridad. “Hemos escuchado desde las mujeres como incluso tienen miedo de salir, más por la respuesta de las autoridades que por el mismo virus”, expresó Silvia Juárez.
Las mujeres también enfrentan hechos de violencia por la paralización de los servicios públicos, afirman las organizaciones, quienes apuntan a la falta de un plan adecuado de emergencia para responder a las necesidades específicas de éste grupo poblacional.
“Algunos de estos servicios se han ido adaptando como la CSJ, el ISDEMU, y otros que no se vieron suspendidos pero han estado irregulares debido a la emergencia, esto ha devenido en una reducción de la denuncia por parte de las mujeres, las mujeres rurales tienen, particularmente una mayor dificultad para ponerse a salvo”, dijo.
Por su parte, Morena Murillo, de Aprocsal, ve con preocupación que durante el periodo de cuarentena no se hayan establecido medidas específicas para la atención de las mujeres.
“El sistema está fallando para las mujeres. Se ha actuado negligentemente, ya que al personal de estas instituciones se les ha mandado a realizar otras actividades, como el reparto de víveres. No se debe dejar desprotegidas a las mujeres”, afirma.
Murillo detalló que han recibido denuncias y avisos interpuestos por los vecinos de la víctima. “Autoridades no dan seguimiento a los casos. Es muy difícil que las víctimas pongan la denuncia”, señaló.
Agregó que “la PNC tiene la obligación de dictar medidas de protección temporales, para que la persona agresora se aleje del lugar. Exigimos al ISDEMU que atienda estas denuncias y se active con la FGR, la PGR y otras instituciones defensoras de derechos humanos y darle un abordaje integral a la protección de las mujeres”.
La campaña «Todas las personas nos protegemos contra la violencia y el COVID-19», nació a partir de las acciones conjuntas para la reducción de la violencia contra las mujeres de estas organizaciones, dijo Miguel Lasfuentes, de la Asamblea de Cooperación por la Paz.
“Buscamos la construcción de un observatorio por la seguridad de las mujeres, que nos permita visibilizar si estas expresiones de violencia van aumentando o disminuyendo”, dijo.
Según datos del Centro de Atención Legal de ORMUSA, del 17 de marzo al 22 de mayo, recibieron un total de 193 comunicaciones sobre vulneraciones a derechos como económicos, laborales, integridad personal, entre otros.
Además, la Fiscalía General de la República registra un total de 499 denuncias entre 341 denuncias por violencia sexual y otras 158 por violencia intrafamiliar durante la cuarentena domiciliaria por covid-19.
La campaña busca sensibilizar sobre este tipo de hechos a partir de la difusión de información que ayude a las mujeres a acceder a los servicios públicos, así como la contraloría de la respuesta de estos hacia la violencia contra las mujeres.
