En el cuarto informe presentado por la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, destaca la ausencia de informes oficiales sobre detenciones de personas que presuntamente violaron la cuarentena, así como de las condiciones en las que se encuentran los centros de contención.
Por Krissia Girón/Foto: PDDH
Para la elaboración del cuarto informe sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Sala de lo Constitucional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos aclaró que recurrió a sus registros -casos atendidos, denuncias, monitoreo de medios, entre otros-, en ausencia de informes oficiales de instituciones de gobierno.
El Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, advirtió que no se presentan las detenciones que la Policía Nacional Civil (PNC) debe informar a la PDDH mediante oficios , “en cumplimiento del artículo 194, ordinal 5 de la Constitución de la República y 12 ordinal 3° de la Ley PDDH”. Afirma que solo se recibió el reporte de 1 caso.
“Lo anterior, preocupa a este procurador, pues se evidencia el cambio de la dinámica informativa de parte de la PNC a esta Procuraduría en cumplimiento al mandato arriba indicado, pues existen noticias que expresan la existencia de detenciones (lo que puede interpretarse como un ocultamiento de información)”, expresó Tobar en el informe.
En el documento, la PDDH anexa declaraciones a la prensa por parte de las autoridades de seguridad, en las que dan cuenta de la existencia de más detenciones.
De los casos de personas detenidas por presuntamente violar la cuarentena verificados por la PDDH -según el informe-, entre el 6 y el 12 de mayo, ascendieron a 7. Cuatro fueron realizadas por agentes de la PNC, 2 por autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) y 1 por la Dirección General de Migración. “Es importante mencionar que en 2 de los 7 casos, las personas se encontraban realizando compras de alimentos, en tienda cercana a su hogar y otra en el mercado”, reza el informe.
Las detenciones se registran principalmente en el departamento de San Salvador con 6 casos, mientras que en La Libertad se conoció de 1. De éstos, 3 corresponden a detenciones de personas retornadas. “Todas las personas detenidas se encuentran en centros de contención”, afirma el titular de Derechos Humanos en el informe presentado a la Sala.
También confirmó que solicitó al Director de la Policía Nacional Civil, la cifra de personas detenidas durante el período de vigencia de la denominada “cuarentena especial” y se notifique diariamente la cantidad de detenciones por incumplimiento de la cuarentena, “pero aún no se tiene respuesta pues no ha vencido el plazo”, resaltó.
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Sobre los centros de contención, el Procurador consideró que éstos “son escenario de una mala planificación para prevenir y combatir la pandemia de COVID-19, debido a que las condiciones inadecuadas no permiten garantizar efectivamente el derecho a la salud, alimentación, información, entre otros”.
El funcionario lamenta que las autoridades encargadas en algunos centros no hayan permitido la salida de personas cuya prueba de COVID-19 resultó negativa y cumplen con el período de la cuarentena obligatoria, “exponiéndoles, en algunos casos, a contraer la enfermedad, debido a que permanecen en el mismo sitio que las que han dado positivo”, manifestó Apolonio Tobar.
Agregó que “muchos de los centros incumplen con el distanciamiento social obligatorio, lo que aumenta el hacinamiento, además denuncian la falta de limpieza en las instalaciones, mala calidad en los alimentos y en algunos centros se ha identificado situaciones de violencia, que atenta contra la seguridad e integridad de las personas resguardadas; esto aunado a la falta de atención médica, especialmente de las personas que tienen enfermedades previas”.
El informe retoma dos casos de centros de contención en los que se denunciaron malas condiciones para las personas que se encuentran ahí. Se trata de:
1-Gimnasio Nacional “José Adolfo Pineda”: La semana pasada se conoció de la fuga de aproximadamente 15 personas retornadas que se encontraban en cuarentena en este lugar. “Según la información brindada por agentes policiales aproximadamente las 9:30 am, un grupo de las personas se dirigió al portón y salió por la fuerza”, reza el informe.
Los agentes informaron que “el descontento de las personas recluidas, es que se suponía que este grupo terminaba su cuarentena el dos de mayo pero como habrían salido tres casos positivos a COVID-19, continuarían en dicho centro”.
Sobre esto, el titular de la PDDH solicitó a la Dirección General de Migración y Extranjería, más detalles de los hechos descritos y sobre el lugar al que serán trasladadas las personas del centro de contención, mencionar porque no se ha aplicado el distanciamiento social y explicar las medidas adoptadas para enfrentar y prevenir situaciones como éstas.
Además, solicitó generar las condiciones necesarias para que las instalaciones cumplan con estándares de protección y medidas sanitarias, así como garantizar el derecho a la información de las personas retornadas, expresándoles si se les practicará la prueba de COVID-19 y todo lo relativo a su proceso de cuarentena.
“Ante esta petición no se ha obtenido respuesta”, señaló la PDDH.
2-Edificio Gamaliel: En el segundo caso retomado en el informe se detalla las diferentes denuncias que apuntan a condiciones de hacinamiento y falta de información sobre respuestas de sus pruebas de COVID-19. También afirma que la PDDH tiene conocimiento de una persona que resultó positivo a coronavirus estando en dicho centro y que luego fue enviada a su vivienda.
“Por algunos días fue trasladado a otro centro de contención en donde, según lo informado a esta Procuraduría, no se le proporcionó ningún medicamento, pero ya fue trasladado a su casa de habitación”, dice el informe.
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En este sentido, el procurador solicitó al médico responsable del Edificio Gamaliel información sobre por qué no se les proporciona el resultado de la tercera prueba a COVID-19 a las personas que se encuentran en ese centro de contención, el argumento de hecho y médico para no darles el alta y las razones para no dar cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Sala de lo Constitucional.
En este lugar hay personas beneficiarias de resoluciones emitidas en procesos de Habeas Corpus, donde se determina que deben ser regresados a sus viviendas si sus resultados de COVID-19 son negativos.
“Lamentablemente no se ha recibido ningún informe y eso no llevará a emitir una resolución que conforme a la normativa de la PDDH corresponda”, establece la PDDH.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia delegó al Procurador de Derechos Humanos a verificar el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas a medidos de abril, sobre la detención de personas que incumplieran la cuarentena.