De las personas migrantes y retornadas atendidas por organizaciones como el INSAMI y Ayuda en Acción, casi la mitad no fue beneficiaria de ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. Hacen un llamado a tomar en cuenta a este sector y crear programas laborales y de accesos crediticios para su sobrevivencia.
Por: Krissia Girón
De un total de 220 personas retornadas que fueron atendidas en la Clínica Integral para personas Retornadas, CLIAR, el 48.65% declaró no haber recibido ninguna ayuda durante el periodo de emergencia nacional por COVID-19, el 26.49% dijo haber recibido ayuda del gobierno, el 10.81% del Instituto Salvadoreño del Migrante- INSAMI- y el 14.05% recibió ayuda de actores como alcaldías, Ayuda en Acción, Iglesias, personas particulares, entre otros.
Estos son parte de los hallazgos presentados por instituciones de la sociedad civil que conforman el Centro de Atención a Retornados, CARES, quienes han identificado diferentes efectos adversos para las personas retornadas y sus familias durante la emergencia nacional debido al coronavirus.
Por ejemplo, señalan que muchas de las personas deportadas poseen DUI emitido fuera del país, lo que les excluyó de la ayuda brindada por el gobierno, como por ejemplo el bono de $300 y los paquetes de alimentos.
Para Cesar Ríos, director de INSAMI, el nivel de inserción social para las personas retornadas es mínimo.
“Quiere decir que a la hora de elaborar las bases de datos, la población retornada no aparece en ningún segmento poblacional que necesita ayuda en el país. El llamado que hacemos las instituciones es de trabajar juntos con el gobierno para facilitar los procesos de inserción social, laboral, para que esta población sea considerada”, aseveró.
Ríos lamenta que en el Plan de Reactivación Económica tampoco se haya tomado en cuenta a la población migrante en los programas o planes establecidos por el gobierno.
“Bandesal no anunció programas de crédito para la población deportada que quiere iniciar negocio. El Banco de Desarrollo tampoco anunció programas de crédito para aquellas familias receptoras de remesas que han sido afectadas con la reducción de estas y que van a necesitar un empuje del gobierno para poder subsistir”, expresó.
Otro de los hallazgos presentados por estas organizaciones fueron las enfermedades más comunes en las personas atendidas, entre estas, el 28.81% padece diabetes, 20.34% de hipertensión arterial, el 18.64% sufre de depresión, mientras que el 32.19% tiene afectaciones como colitis, gastritis, bronquitis, compresión cervical, entre otros.
Estos impactos los coloca en los grupos de riesgo catalogados en los lineamientos de salud para la atención de COVID-19.
Cesar Ríos informó que la clínica CLIAR se encuentra brindando orientación telefónica, comunicación virtual y entrega de medicamentos “para garantizar la continuidad de los tratamientos médicos que tenían y que, por la emergencia, ya no tienen acceso”.
En este sentido, hicieron un llamado al gobierno a trabajar con las organizaciones no gubernamentales para facilitar los procesos de inserción social y laboral para la población migrante deportada.
En los últimos días, han retornado más de mil personas al país, según informó la Cancillería de la República en redes sociales, como parte del Plan de Repatriación que ejecuta el gobierno.
Para los siguientes días se esperan vuelos desde México, Florida, Estados Unidos; Nicaragua, Costa Rica y Panamá, informaron las autoridades.
