Las inspecciones a las unidades militares para recabar archivos sobre este crimen continúan pendientes debido, entre otras, a un impasse en la juramentación de uno de los peritos archivistas, detalles que organizaciones sociales esperan se resuelva esta semana. Recientemente, se informó de la muerte de Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor Conjunto de la FAES en la época y uno de los principales acusados de dirigir varios operativos militares que culminaron en crímenes de guerra.
Por: Krissia Girón/ Foto: Cristosal
El Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán ordenó el pasado 15 de junio realizar inspecciones en diversas unidades militares para investigar información relacionada a la masacre de El Mozote. Hasta la fecha, aún no se tiene una fecha de inicio de éstas.
David Morales, representante legal de las víctimas de este crimen y director de Litigio Estratégico de la Fundación Cristosal, informó que aún no se cuenta tampoco con una notificación, ya que la orden se generó en el mes de junio y abarca varias unidades militares que incluyen el Estado Mayor conjunto, la Fuerza Aérea, la Tercera Brigada de Infantería, el Archivo General de la Nación, entre otros.
“También el juez ha requerido un informe escrito al presidente Bukele sobre el sitio donde se encontrarían los archivos del extinto Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), estamos dentro del plazo para que el presidente responda”, detalló el abogado. Agregó que en dicha solicitud también se requiere saber sobre los archivos de una extinta secretaría de relaciones públicas que existió en 1981 dentro de la Fuerza Armada.
Morales recordó que ya han sido juramentados dos peritos archivistas que llevarán a cabo esta tarea. “Hay una tercera experta guatemalteca, hemos solicitado su juramentación por medio de conferencia virtual, la defensa se ha opuesto pero es un incidente que el juez resolverá esta semana”, dijo.
David Morales, dijo que esta es una de las diligencias finales de la fase de instrucción y una de las más trascendentales.
“Después de estas diligencias, que pueden durar varias semanas, o incluso algunos meses -se prevé que sean unos tres meses inicialmente- podríamos tener la elevación a juicio, es decir, ir a la etapa del debate de pruebas para que se llegue a una sentencia definitiva”, apuntó.
El abogado afirma que el bloqueo del gobierno del presidente Nayib Bukele y de la FAES hacia el acceso a los archivos militares continúa. Algo que, a su juicio, impide el esclarecimiento de la verdad de estos hechos, ocultando la responsabilidad de toda la cadena de mando en la masacre y probando “un patrón de ocultamiento histórico”, que llega hasta la actualidad.
“Esperamos que frente a esta iniciativa el bloqueo no persista y que se permita entrar al juez, a sus expertos y a las autoridades. Es un reto de la justicia pero también es una prueba más para este gobierno que, frente a esta nueva orden judicial, deberá decidir si continúa protegiendo criminales de guerra, como hasta hoy ha hecho al igual que gobiernos anteriores, o si optará por colaborar con la justicia y ponerse de lado de las víctimas, su obligación constitucional e internacional”, expresó.
El proceso se encuentra en una etapa de investigación judicial desde el año 2016. Si bien es un período largo, el abogado de la acusación particular sostuvo que se debe tomar en cuenta el tiempo en que se mantuvo vigente la Ley de Amnistía y otros obstáculos que se dieron alrededor del caso.
“El caso pasó bloqueado por casi 23 años por la Ley de Amnistía y durante 10 años, en la década de los 80, para que se realizaran investigaciones. El proceso es complejo en sí por la dimensión de la masacre, por el tiempo transcurrido y los esfuerzos de ocultamiento en la actualidad”, dijo.
Pese a esto, considera que se han realizado esfuerzos por parte del Juzgado para esclarecer los hechos. Asegura que existe suficiente evidencia que prueba tanto la masacre como la participación de los militares acusados.
“Creemos que está plenamente probada la masacre, incluso científicamente a nivel forense, hay decenas de testigos que la confirman. El rol del Batallón Atlacatl, de Domingo Monterrosa y la cadena de mando hasta el ministro Guillermo García ha sido ya evidenciada. Sin embargo, el gobierno y la FAES, bajo la cabeza del presidente Bukele y el ministro Merino Monroy, sigue bloqueando información clave de los archivos”, expresó.
En la última audiencia del proceso penal por la masacre, realizada el pasado viernes 3 de julio, la defensa de los militares acusados confirmó la muerte del general Rafael Flores Lima, uno de los acusados por este crimen de lesa humanidad.
Según explicó David Morales, la defensa debe documentar este hecho ante el juez.
Morales lamentó que este bloqueo de décadas -que se ha conjurado alrededor de la investigación- está generando que el paso del tiempo lleve a que muchos de los imputados hayan fallecido, como el caso de Flores Lima, quien era jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada cuando se ordenó la masacre.
“Él, junto al viceministro García llevaron la conducción de la gran estrategia de la represión, escuadrones de la muerte, desapariciones forzadas, exterminios de la población civil campesina en zonas de actividad de la guerrilla, como la masacre de El Mozote, El Calabozo, San Francisco Angulo, Tenango y Guadalupe, Guinda de Mayo, el Sumpul y otras. Son verdaderos criminales de guerra, verdaderos genocidas y es lamentable que hayan muerto sin enfrentar un juicio”, expresó el abogado.
La noticia se confirmó durante la audiencia realizada en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, por la impugnación que la parte acusadora del proceso hiciera contra el peritaje militar propuesto por la defensa de los acusados.
Según dijo David Morales, las personas que se han incluido en la propuesto de la defensa de los militares tienen conflicto de interés y no reúnen los requisitos.
La Masacre de El Mozote y lugares Aledaños, ocurrida en diciembre de 1981, es considerada un crimen de lesa humanidad y uno de los más atroces en la región. Se calcula que fueron asesinadas más de mil personas, en su mayoría niñas y niños.
