El Tribunal Supremo Electoral exhortó a todos los partidos políticos a estudiar la ley y cumplirla para evitar ser sancionados. Además, recuerda a los institutos políticos que el calendario electoral marca las fechas de elecciones internas, por lo pide que la propaganda se limite a la militancia y no se dirija a la población en general. Organizaciones sociales lamentan que la práctica de realizar campaña adelantada continúe.
Por Krissia Girón/Foto: ITV
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estudia 23 posibles casos de campaña adelantada, según confirmó el magistrado del organismo colegiado, Luis Guillermo Wellman.
Wellman afirmó que abordarán estos temas con la Unidad Jurisdiccional para analizarlos a fondo y para definir si se configura o no la infracción de propaganda anticipada.
“Vemos que están empezando los procesos internos y ya están haciendo propaganda a nivel nacional. Les pedimos a los candidatos que estudien la ley. El TSE observará la ley y los que no la cumplan, serán sancionados”, expresó el magistrado.
Recordó que el artículo 245 del Código Electoral establece sanciones pecuniarias que van de 10 mil colones, o su equivalente en dólares, hasta los 50 mil colones, o su equivalente en dólares, por campaña anticipada.
Sobre esto, el TSE exhortó a los partidos políticos, a través de un comunicado, a respetar las disposiciones constitucionales relacionadas con la propaganda ilegal o anticipada, de conformidad al artículo 81 de la Carta Magna y los artículos 175 al 179 y 226 al 231 del Código Electoral.
“El TSE recuerda a los partidos políticos que en las elecciones internas se debe limitar el voto a su militancia y deben respetar esos límites. El TSE sancionará las violaciones a las dispocisiones antes señaladas”, reza el comunicado.
También en el comunicado, el TSE detalló los avances en el seguimiento del Plan General de Elecciones (PLAGEL) de cara a los comicios del 28 de febrero del 2021. Afirman que se han realizado acciones que van desde campañas por el cambio de domicilio hasta la preparación de términos de referencia para la adquisición de bienes y servicios como la impresión de papeletas, tecnología, entre otros.
Asimismo el Tribunal señaló que los protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19, serán aplicados el día de las elecciones.
La campaña adelantada no es algo nuevo
Los partidos políticos se preparan para sus elecciones internas donde escogerán a las y los candidatos a la Asamblea Legislativa y las 262 alcaldías para los comicios del 2021. Las fechas, hasta hoy conocidas, para estos eventos son:
- 12 Julio: Nuestro tiempo
- 12-19 Julio: Partido Vamos y Nuevas Ideas
- 18-19-25-26 Julio: Cambio Democrático
- 19 Julio: Realizarán sus internas los partidos FMLN , PCN y GANA
- 25 de julio: ARENA
- 26 Julio: PDC
En este contexto, muchos políticos que aspiran a un cargo de elección popular han realizado diferentes acciones que podrían ser consideradas como campaña anticipada.
Para Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, estas acciones no son nuevas en nuestro país. Si bien considera como positiva la acción del TSE de investigar de oficio a alrededor de 23 posibles casos de propaganda adelantada, lamenta que los partidos políticos en general aún no hayan superado este tipo de prácticas.
“Lo que se esperaría es que el tribunal llegue a la conclusión de que sí hay campaña, porque están todos los elementos configurados para señalar campaña adelantada, y que se sancione a los responsables y se suspenda este tipo de actividades. Lamentablemente la realidad nos muestra que nuestros políticos no han podido superar este comportamiento donde se aprovechan de los recursos estatales o del posicionamiento por ser funcionario público para hacer propaganda electoral”, dijo Escobar a la Red Informativa de ARPAS.
Entre las personas que buscan un curul en el Parlamento y las alcaldías se encuentran varios funcionarios del gobierno y empleados de otras instituciones públicas. Al respecto, el artículo 218 de la Constitución establece que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley”.
Recientemente, varios funcionarios y empleados públicos dieron a conocer sus intenciones de correr por un cargo de elección popular: Marcela Pineda, actual directora del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE); Henry Flores de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas de Migración Forzada y secretario ad honorem del Consejo Nacional contra la Trata de Personas; Luis Rodríguez, comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos; Edgardo Meléndez, coordinador del Programa de Emergencia Sanitaria (PES); José Urbina, del área de Comunicaciones del MINSAL y Mario Durán, actual ministro de Gobernación.
De éstas personas, solo Henry Flores ha renunciado a sus cargos en el gobierno.
Mientras que políticos como Rogelio Canales del partido FMLN, anunció en una entrevista radial sus intenciones de aspirar a la candidatura por la alcaldía de San Salvador.
Entre las acciones criticadas por organizaciones sociales y ciudanía en general están las reuniones que varios partidos políticos han llevado a cabo en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y del llamado a tomar medidas como el confinamiento y el distanciamiento social. Además, del uso de cuentas oficiales para el anuncio de pre candidaturas de algunos funcionarios.
Eduardo Escobar recordó que, hoy por hoy, existe mayor claridad en la ley y en la misma ciudadanía sobre lo que significa una campaña adelantada. Pese a ello “seguimos viendo el mismo comportamiento. Hemos visto a varios de sus militantes y futuros candidatos y que actualmente son funcionarios, que están en una permanente campaña electoral” dijo.
“Prevalecerse del cargo para hacer política partidaria, no implica necesariamente utilizar recursos estatales, sino simplemente por la exposición que ellos tienen y reconocimiento social que tienen al ser funcionarios, se aprovechan de eso para llegar a la elección”, dijo.
Agregó que “utilizar las cuentas de redes sociales de ministerios o instituciones públicas para promover una candidatura, acá hemos visto cuentas institucionales que lo hacen, ahí hay una violación al tema de la propaganda, que en este caso podría significar, según la ley electoral, una sanción de despedir o destituir al funcionario por cometer este tipo de actos”.
El representante de Acción Ciudadana reconoce que no se debe “satanizar” la promoción de las candidaturas de los partidos a nivel interno, ya que debe haber una propaganda mínima de candidatas y candidatos, por encontrarnos en las fechas de elecciones internas.
Sin embargo, considera que eso no justifica que la campaña vaya más allá del ámbito interno de los institutos políticos. “No es compatible. Los candidatos que son funcionarios tienen derecho a ser candidatos, pero ellos por su misma condición deben observar un comportamiento más riguroso para promover su imagen, y educar a quien se confunda”, dijo.
“En general, todos los precandidatos están incumpliendo el plazo de dos meses de propaganda electoral que permite la Constitución. De todos los partidos vemos propaganda, están promoviendo su imagen y proponiendo planes de acción para cuando lleguen a ocupar un puesto en la Asamblea Legislativa o en la alcaldía”, concluyó.
