La Mesa de Protección a Periodistas exige a la Asamblea Legislativa retomar el proyecto de ley que presentaron en 2018, en el marco de la instalación de la comisión que investigará acoso al gremio.
Por: Krissia Girón/ Foto: Asamblea Legislativa
Ante la creación de la Comisión Especial para la investigación de acoso contra periodistas por parte de la Asamblea Legislativa, organizaciones que conforman la Mesa de Protección a Periodistas exigieron a esta un trabajo efectivo, debate amplio y retomar la discusión de la Ley de Protección a Periodistas, pendiente en el Parlamento.
«Esperamos que el trabajo de la referida comisión legislativa sea efectivo y que sus objetivos respondan a un interés genuino de proteger a los periodistas y que no se daba a propósitos políticos ajenos a la procura de la libertad de prensa y garantía del ejercicio periodístico», señalaron en su comunicado.
Consideran que se debe ampliar el debate de dicha comisión a otros temas relacionados a la libertad de expresión, acceso a la información y el ejercicio periodístico, que puedan llevar a la creación de nuevas normativas y la actualización de las existentes.
A las organizaciones de la Mesa de Protección a Periodistas les preocupa que la propuesta de Ley de Protección a personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información no haya sido aún analizada desde su presentación en octubre de 2018. “Creemos que el mejor aporte que la comisión puede hacer para defender a las/los periodistas es proponer al pleno legislativo la aprobación de tan urgente normativa”, afirmaron.
PRONUNCIAMIENTO-MESAEl miércoles se instaló la Comisión Especial para la investigación de acoso y agresiones a periodistas en la Asamblea Legislativa. En su primera reunión de trabajo acordaron convocar a representantes de la Asociación de Periodistas de El salvador (APES), Mesa de Protección de Periodistas y al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), para que expongan sus posiciones sobre el tema.
La comisión indagará la actuación de funcionarios, agentes de autoridad y servidores públicos que obstaculizan y amenazan a medios de comunicación y periodistas; además, si existen estructuras gubernamentales con poder político están interviniendo en el ejercicio del periodismo, para que no realicen su trabajo.
Entre sus atribuciones también está determinar si se financia con fondos públicos el acoso a opositores en las redes sociales y el grado de participación de funcionarios y servidores que obstaculizan a medios de comunicación en su labor periodística.
La APES registra, por medio de su centro de monitoreo, un aumento de agresiones a periodistas durante el primer año de gobierno del Presidente, Nayib Bukele: 61 casos frente a 16 durante el último período del ex Presidente Sánchez Cerén; y desde el inicio de la pandemia, 17 de marzo, hasta el 30 de julio se reportan 65 vulneraciones, la mayoría centradas en restricciones al ejercicio periodístico, la falta de información pública y un aumento considerable de agresiones digitales centrada en mujeres periodistas.
