Un documento del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advierte que nuestro podría enfrentar un alto nivel en el déficit fiscal debido a la pandemia de COVID-19 y que esto podría provocar la toma decisiones erróneas, como el aumento de impuestos o menos inversión en servicios públicos. Estiman que el nivel de deuda a finales del año podría rondar el 92.1% del PIB.
Por Krissia Girón y Norma Ramírez/Foto: Freepik
Estimaciones del Instituo Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ubica a nuestro país como uno de los 3 de la región que más impactos económicos negativos tendrá con la pandemia de COVID-19. Le siguen Panamá (ambos con regímenes monetarios parecidos) y Honduras.
En el país, a inicio del año se tenía previsto un crecimiento económico del 2.5%. Sin embargo, en la actualidad se estima una caída media del 7.5%. “Eso implica que la pandemia de la COVID-19 y los elementos relacionados con ella implicará una pérdida de dinámica del Producto Interno Bruto (PIB) salvadoreño de alrededor del 10%”, explicó Abelardo Medina Bermejo, coordinador del área de Análisis Macrofiscal de Icefi.
Sobre la recaudación de impuestos, El Salvador reportaba hasta el año 2019 una carga tributaria de 18.2% y se estima que termine 2020 con 17.1%; es decir, que el país dejaría de percibir un 1.1% de impuestos. Un porcentaje mayor respecto al resto de países de Centroamérica.
Además, el gasto del gobierno central terminaría el año con un aumento del 6.5% del PIB, seguido de Panamá con 6.4% y Honduras con 3.2% del PIB. En el caso de Guatemala el incremento equivale al 2.5% del PIB, de acuerdo al Instituto.
“Los tres fenómenos antes descritos producirán un incremento del déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos) medio en la región. El país que experimentará un mayor nivel de déficit fiscal al cierre de 2020 será El Salvador con un estimado del 11.9% del PIB, seguido de Costa Rica (8.3%), Honduras (6.4%), Panamá (6.2%), Guatemala (5.8%) y Nicaragua (0.8%)”, explica el documento.
Al aumentar el déficit fiscal, el Estado deberá recurrir a más deuda pública. El Icefi estima que El Salvador podría cerrar con una deuda en torno al 92.1 % del PIB, lo que implicaría que por cada $100 producidos en la economía, $92.10 serán para pagar deuda.
“Desde ICEFI no satanizamos la utilización de la deuda, mucho menos en momentos de crisis, pero en el caso particular de El Salvador, que ya está sobrepasado del límite recomendable de deuda pública para un país con unas finanzas publicas como las que tiene, es algo crítico. Todavía nos falta discutir las medidas de reactivación económica y de control de la pandemia que seguramente nos tocará hacer en el 2021”, dijo Jonathan Menkos, director Ejecutivo de Icefi, en una entrevista televisiva.
Por su parte, el economista de Icefi, Ricardo Castaneda, explicó que si los gobiernos tuvieran resultados de recaudación y niveles de gasto en 2021 similares a los observados en 2020, se estima que Costa Rica tendría que realizar un ajuste fiscal del 7.9% del PIB, seguido de Honduras (6.8%), El Salvador (5.9%), Guatemala (5.8%) y Panamá con 5.6%
“La dificultad política para llegar a un acuerdo fiscal, con las finanzas públicas tan débiles con las que cerrará el 2020, podría llevar a la toma de decisiones erróneas tales como subidas rápidas de impuestos al consumidor, que afectarán a los más pobres y aumentarán la pobreza, o disminuciones de inversión que limitarán la cobertura y calidad de servicios públicos reduciendo las posibilidades de protección y asistencia social de las mayorías”, sostuvo Castaneda.
Lo anterior se agudiza por la falta de acuerdos entre órganos del Estado, especialmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, y por la ausencia de un plan integral para enfrentar la pandemia que combine lo sanitario y la economía, de acuerdo al economista.
“Para el ICEFI, los acuerdos fiscales que se deben lograr requieren de una cuota amplia de madurez entre las diferentes fuerzas políticas de la sociedad, teniendo como punto de partida el cumplimiento de lo que mandan las constituciones, es decir, la búsqueda del bien común”, concluyó.
Organizaciones sociales salvadoreñas plantean como una necesidad urgentes, visibilizada aún más con los impactos económicos de la pandemia de COVID-19, el impulso de una reforma fiscal progresiva “en la que paguen más quienes tiene más”. Lo que permitiría, afirman, aliviar la carga de impuestos a las familias más empobrecidas y obligaría a que los grandes empresarios asuman la responsabilidad.
Además, señalan la urgencia de revisar las leyes que permiten la elusión de impuestos y sostienen que se deben aplicar medidas estrictas para detener la alta cifra de evasión de impuestos.
