Agendar la discusión de la propuesta de ley de protección a periodistas, ampliar el debate a otros temas relacionados con el ejercicio periodístico y retomar recomendaciones hechas al país por organismos internacionales, fueron algunas de los planteamientos hechos por APES, Mesa de Protección a Periodistas y PDDH ante la comisión legislativa que investiga acoso a periodistas.
Por Norma Ramírez/ Foto: Asamblea Legislativa
La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga acoso a periodistas y el uso de recursos públicos en contra de opositores, escuchó hoy a representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Mesa de protección a periodistas y al Procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, para conocer la postura de dichas instituciones sobre el tema.
La presidenta de APES, Angélica Cárcamo, explicó de enero 2018 a agosto 2020 registran 240 vulneraciones a derechos del gremio. “No podemos en este país, que se dice democrático, tener condiciones tan precarias para las y los periodistas”, expresó Cárcamo.
Desde APES señalaron que algunas de las principales vulneraciones tienen que ver con el bloqueo de acceso a la información, a conferencias de prensa, así como agresiones digitales a mujeres periodistas.
“Nos preocupa el acoso a periodistas, no solo de funcionarios sino al interior de medios. La situación se está convirtiendo en caldo de cultivo para afectaciones más graves”, agregó la presidenta de APES.
Por su parte, la representación de la Mesa de Protección a Periodistas reiteró la situación de restricciones que han enfrentado el gremio, sobre todo, en el contexto de la pandemia de COVID-19.
En el caso de las periodistas, dijo Krissia Girón integrante de la Mesa y de la Colectiva de Mujeres Periodistas, han sido vulneradas sobre todo en redes sociales. Señaló que de enero a agosto de 2020, contabilizan, al menos 80, afectaciones. Expresó que les preocupa la “falta de acción de la Fiscalía y del ISDEMU” en estos casos.
“No es lo mismo una amenaza o difamación que recibe un hombre a la que recibe una mujer, sobre todo en ataques digitales. En el último año ha habido agresiones por parte de funcionarios (sobre todo), pero estas vienen desde todos los poderes del Estado, incluso desde los mismos medios”, agregó la comunicadora.
Leonel Herrera, miembro de la Mesa y director ejecutivo de ARPAS, sostuvo que esperan que la Comisión estudie el tema de forma integral. “Cuando se ve únicamente los ataques a periodistas es como ver un acto final, una consecuencia de una problemática más grande. Una perspectiva integral debe verse desde el cumplimiento de derechos específicos de la profesión y la necesidad de generar condiciones adecuadas para hacer el trabajo periodístico”, manifestó.
Tanto APES como la Mesa de Protección a Periodistas reiteraron en que es necesario que la Asamblea Legislativa retome la discusión de la propuesta de ley de protección a personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información, presentada en 2018.
Al respecto, Leonel Herrera señaló que el mencionado proyecto de ley es uno de los temas que se deben considerar para hablar de una verdadera protección al gremio periodístico. Según el comunicador otros aspectos están relacionados a poner en discusión el acceso a la información pública, reformas a la LAIP y la distribución de la pauta publicitaria oficial.
“Muchos medios han sido excluidos de la pauta gubernamental, es necesario establecer una regulación. Debe haber una política incluyente y que no funcione como premio o castigo de si se tiene una postura crítica o una condescendiente con el gobierno”, expresó.
Herberth Serafín, integrante de la Mesa y de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), recordó que el Estado salvadoreño ha asumido responsabilidades a nivel internacional sobre protección a la libertad de expresión y de prensa, entre éstas, las recomendaciones hechas al país durante el Examen Periódico Universal (EPU) que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas realiza cada cuatro años.
Recomendaron a la comisión escuchar a organismos internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, quienes también han opinado sobre la situación de libertad de prensa y expresión en nuestro país.
Tras escuchar a APES y la Mesa de Protección a Periodistas, la comisión legislativa recibió al Procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, quien destacó la importancia de garantizar el libre ejercicio del periodismo. No obstante, el funcionario afirmó que «esto se ha roto» y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a El Salvador propiciar un entorno de trabajo seguro para periodistas.
La PDDH también insistió a la comisión, la necesidad de que se retome el estudio de la propuesta de ley integral de protección a periodistas.
Las instituciones que participaron en la comisión señalaron a algunos funcionarios que han vulnerado y agredido a periodistas, entre ellos, el presidente de la República, Nayib Bukele; el secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, y el director de CEPA, Federico Anliker.
Los diputados de la comisión especial que investiga el acoso a periodistas se comprometieron a gestionar que sus fracciones propongan retomar la discusión del proyecto de ley de protección al gremio periodístico.
Esta comisión indaga la actuación de funcionarios, agentes de autoridad y servidores públicos que obstaculizan y amenazan a medios de comunicación y periodistas. Además, si existen estructuras gubernamentales con poder político están interviniendo en el ejercicio del periodismo.
Entre sus atribuciones también está determinar si se financia con fondos públicos el acoso a opositores en las redes sociales y el grado de participación de funcionarios y servidores que obstaculizan a medios de comunicación en su labor periodística.
Piden aprobación de ley de protección a periodistas
Tras su participación en la comisión legislativa que investiga acoso contra periodistas, la Mesa de Protección presentó una carta a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea para que retome la discusión de la ley de protección al gremio. Dicha comisión recibió la propuesta en octubre de 2018, hace casi dos años sin que, hasta hoy, el tema haya sido agendado.
