El funcionario indicó que a partir de la investigación se establecerá el cometimiento de delitos y “deducir responsabilidades de los funcionarios que puedan estar involucrados”.
Por: Red Informativa de Arpas/ Foto (Referencia): CEPA
La noche de este miércoles, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, anunció investigación por el incumplimiento a la resolución de la Sala de lo Constitucional que prohíbe que autoridades del Gobierno exijan prueba negativa COVID-19 para ingresar al país.
“Tal como lo sostuve en días anteriores, la Sala de lo constitucional es la entidad competente para determinar el cumplimiento o no de sus resoluciones. Hoy hemos recibido certificación sobre el incumplimiento de resolución que ordenaba permitir el retorno de los salvadoreños a nuestro país”, escribió Melara.
El funcionario indicó que a partir de la investigación se establecerá el cometimiento de delitos y “deducir responsabilidades de los funcionarios que puedan estar involucrados”.
La Sala emitió una nueva resolución este miércoles en la que determinó que el incumplimiento de la medida cautelar sobre no impedir el ingreso de salvadoreños y salvadoreñas al país.
“Dese aviso y en consecuencia certifíquese a la Fiscalía General de la República el presente auto y las resoluciones de 14 y 18 de septiembre de 2020 ante la posible comisión de delitos ocurridos en el desarrollo de este proceso derivados del incumplimiento de dichas resoluciones, por lo que esa institución deberá investigar la autoría y participación de los posibles implicados”, resolvió el Tribunal.
167-2020CertLa Sala ha reiterado que “la prohibición de ingreso de salvadoreños y extranjeros residentes definitivos en los términos explicados, en caso de materializarse, incumpliría la citada medida cautelar y dicha prohibición no puede producir ningún efecto mientras se tramita el amparo”.
Luego de que el Gobierno informara que la prueba sería obligatoria para entrar al país, la Sala dijo que “advierte en las autoridades demandadas en el presente proceso de amparo, así como en el Ministerio de Salud, una actitud de rechazo a la decisión adoptada”.
Además, recordó que las resoluciones judiciales deben cumplirse. “Es necesario advertir que resoluciones judiciales son obligatorias y que su incumplimiento acarrea responsabilidades legales”, indicó la Sala el 18 de septiembre.
Tras el anuncio de la investigación, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo: “¡Qué eficiente! Ojalá así de rápido actuaran con el restante 99.9999% de los casos en nuestro país, incluyendo desacatos reales a sentencias de la Sala”.
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, consideró que la Sala Constitucional ha sido coherente en su resolución. A su juicio, el Gobierno no debe impedir el ingreso al país, sino adoptar medidas de prevención y control, entre ellas la toma de la prueba de COVID-19, que las personas sean enviadas a un centro de contención con las condiciones necesarias o a cuarentena domiciliaria obligatoria.
De acuerdo con datos de La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), desde la apertura del Aeropuerto Internacional, el 19 de septiembre, hasta el 22 atendieron en el Aeropuerto Internacional 53 vuelos comerciales, “con orígenes y destinos en los países de Estados Unidos, Honduras, Guatemala y Nicaragua”.
