Organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron su preocupación por la estigmatización del Gobierno a la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Advierten que “normalizar” discursos de odio es grave para la democracia del país.
Por Red Informativa de ARPAS/Foto: Diario Colatino
Diversas organizaciones se mostraron preocupadas por la situación que enfrentan en el país quienes realizan la labor de defender derechos humanos. Expusieron, en una conferencia de prensa, hechos que calificaron como “estigmatizantes”.
Uno de estos fue las agresiones sufridas el pasado 21 de septiembre por los abogados David Morales de Cristosal, y Wilfredo Medrano de Tutela Legal María Julia Hernández, ambos acusadores particulares en el proceso penal histórico por la masacre de El Mozote y sitios aledaños.
Tras el bloqueo de acceso a los archivos militares en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, un grupo de supuestos veteranos de guerra insultaron a los abogados llamándolos “guerrilleros”.
El otro hecho señalado por las organizaciones fueron las declaraciones del Presidente de la República, Nayib Bukele, en la cadena nacional del jueves, en las que llamó “organizaciones de fachada” a las instituciones defensoras de derechos humanos que han cuestionado al Gobierno.
Manuel Escalante subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) comparó las declaraciones del Presidente con la campaña que se hizo a través de Radio Cuscatlán -medio de la FAES- previo a la masacre de los padres jesuitas en noviembre de 1989.
Ovidio Mauricio, director de la Asociación Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, señaló que les preocupa, además de las agresiones a defensores de derechos humanos y bloqueo de los archivos militares, la forma en la que se proteje a la FAES.
“La Fuerza Armada no es otro poder”, aseveró.
Noah Bullock, director de la Fundación Cristosal, agregó que es importante no olvidar que la masacre de El Mozote y sitios aledaños es uno de los peores crímenes ocurridos en la historia moderna y que quien diga que está a favor de las víctimas “tiene que colaborar con el proceso de juticia e investigación”.
“Las declaraciones las tomamos como una admisión de que el Presidente ha dado la orden de bloque a los archivos”, apuntó Bullock.
Esta conferencia de prensa estuvo acompañada por diversas organizaciones quienes reclamaron al Gobierno los ataques y estigmatización hacia quienes defienden derechos humanos y periodistas.
Sobre este último punto, apuntaron que es cuestionable la forma en la que el Presidente ataca a periodistas.
Norma Ramírez de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), sostuvo que “hay un constate ataque hacia los medios de comunicación y periodistas”.
“Vemos descalificaciones e insultos hacia quienes están haciendo investigación. El Gobierno está obligado a procurar la armonía social, pero las acciones del Presidente no aportan a esto. Si de verdad, como dijo el Presidente, están a favor de la libertad de expresión y de prensa, que lo demuestren”, agregó la comunicadora.
Por su parte, Morena Murillo de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares (CSMP) dijo que el discurso del Presidente puede provocar una escalada de “odio hacia organizaciones y medios” que le cuestionan.
“El señalar hasta con fotos al padre Tojeira, a FESPAD, a Cristosal, a los medios de comunicación es apoología del delito”. Agregó que, como se ha denunciado, las agresiones están ocurriendo en plataformas digitales y redes sociales.
Las organizaciones exigen que se respete la labor de quienes defienden derechos humanos y que desde el Gobierno deje de promoverse discursos de odio, estigmatización y descalificación.
Exhortaron a la Asamblea Legislativa a agilizar la aprobación de la ley de protección de personas defensoras de derechos humanos.
