El informe de la PDDH, apoyado por Cristosal, revela que no solo los grupos de pandillas son responsables del desplazamiento forzado interno en el país, sino también policías y soldados.
Por: Josseline Roca/ Foto: Kolectivo San Jacinto
Un informe presentado este jueves por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Cristosal revela que el principal detonante del desplazamiento forzado interno en El Salvador, entre octubre de 2017 y febrero de 2019, fueron las amenazas.
Según los datos a nivel nacional -obtenidos de expedientes y orientaciones de la PDDH, así como grupos focales- de 318 casos, el 37.1% de las personas que tuvieron que abandonar sus hogares de manera forzada lo hicieron por amenazas; el 15% por el homicidio de un familiar; el 8.5% por extorsión; un 6% por temor a la violencia; el 5% por lesiones o represalias y la lista sigue.
¿Quiénes son los perpetradores?
De acuerdo con el documento, los responsables de la huida de las familias son las pandillas (en general) con 24.2%; 41.8% la Mara Salvatrucha y el 16.7% la Pandilla 18.
Pero también destaca, en el informe, que agentes del Estado han sido parte de los perpetradores. La Policía Nacional Civil (PNC) fue señalada como responsable por el 6.6% de los casos y el 0.6% reveló que la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) estuvo involucrada en su desplazamiento.
Este informe se centró particularmente en los impactos en la vida de niñas, niños y adolescentes. «Se identificó que quienes son forzados a dejar sus hogares, junto con sus familias, sufren vulneraciones a derechos fundamentales como la educación y la salud física y mental», dice un comunicado de la PDDH.
Los datos reflejan que el 85.8% de niñas, niños y adolescentes, víctimas de desplazamiento forzado, huyeron de sus hogares debido a hechos de violencia relacionados con grupos de pandillas. Un 7.2% vincula a la Policía y a la FAES.
Para recabar la información presentada en el documento, la PDDH tomó 134 expedientes internos, 20 orientaciones y seis grupos focales (tres realizados con niños y niñas y el mismo número con docentes del sistema público).
Consulte el informe completo aquí:
Informe-PDDH-finalDesplazamiento y pandemia
Este año -marcado por la pandemia de COVID-19- la PDDH ha registrado, de enero a agosto, 47 casos de desplazamiento forzado interno. Anteriormente se reportaban entre 35 a 40 casos por trimestre.
“No quiere decir que los casos hayan disminuido, sino que lo atribuimos también a los tiempos de pandemia. La denuncia es bastante escasa por los temores a represalias de las víctimas y es una realidad la falta de confianza en las instituciones. No todos los casos llegan a conocimiento de la Procuraduría”, explicó Beatriz Campos, procuradora adjunta para la Defensa de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana de la PDDH.
El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, dijo que el sector de la población en el que se centra este informe ve interrumpido su desarrollo social y educativo. El defensor lamentó que la problemática no sea prioritaria para el Estado. “No debe ser secundario a la represión del delito, debería ser retomado como prioridad dentro de la política de seguridad integral», sostuvo.
Además, afirmó que pese a la reducción de los homicidios, el desplazamiento forzado interno se mantiene. «Estamos ante un gobierno que se compromete cada vez más con medidas represivas”, señaló Bullock.
Sin reglamento para la ley de atención a víctimas
El 22 de agosto venció el plazo para que el Gobierno emitiera el reglamento de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de Desplazamiento Forzado Interno, la cual se aprobó en enero.
¿En qué consiste la Ley para atención de personas desplazadas?
El director de Atención a Víctimas de Cristosal, Abraham Ábrego, explicó que el reglamento debe establecer cómo se integrará el comité técnico que deberá aprobar la política y los protocolos para atender el desplazamiento forzado en el país.
