En junio pasado, la Sala de lo Penal anuló la resolución de noviembre de 2019 emitida por la Cámara, en la que establecieron que se trató de una “falta” y no de un delito. La agresión sexual de la que se acusa al magistrado Jaime Escalante generó el repudio de diversos sectores. Activistas feministas reclamaron al sistema de justicia por beneficiarlo y señalaron que tocar niñas es delito.
Por: Red Informativa de Arpas/ Foto: Colectiva Amorales
La Cámara Primera de lo Penal, de la Primera Sección del Centro, ha decretado apertura a juicio contra el magistrado Jaime Escalante Díaz, por el delito de agresión sexual en menor. La instancia judicial admitió la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).
En junio pasado, la Sala de lo Penal anuló la resolución de noviembre de 2019 emitida por la Cámara, en la que establecieron que se trató de una “falta” y no de un delito.
Los magistrados basaron su argumento en lo establecido en el numeral cuatro del artículo 392 del Código Penal, que dice «el que aprovechándose de aglomeraciones públicas o del descuido de quien transita por calles o lugares públicos, realizare tocamientos impúdicos».
Inmediatamente la decisión fue condenada y duramente criticada por organizaciones sociales, quienes señalaron la desigualdad del sistema de justicia y la falta de garantía a los derechos de la niñez.
Tocar niñas sí es delito, reclaman diversas voces al Sistema Judicial
Los hechos sucedieron en febrero de 2019 en una colonia del municipio de Ilopango, donde -según la denuncia el magistrado tocó los genitales de una niña y posteriormente huyó.
Al conocerse la resolución que favorecía a Escalante, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hizo un «fuerte llamado a las autoridades nacionales para que, en cumplimiento de la Ley Especial de Protección de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y la Convención sobre los derechos del niño, todas las niñas reciban protección contra todo tipo de violencia».
Por su parte, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) recordó que el mapa de embarazos en niñas y adolescentes 2017 reveló que en más de cuatro mil casos la causa fue delitos contra la libertad sexual en niñas menores de 18 años.
De éstos casos se judicializaron 1,552; sin embargo, solo se ha producido sentencia condenatoria en 488. «Situaciones como éstas agudizan la impunidad en detrimento de los derechos de las niñas y adolescentes salvadoreñas», señalan en un comunicado emitido de forma conjunta con la Oficina Regional de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU.
Feministas reiteran que «tocar niñas sí es delito», por caso Jaime Escalante
El 22 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud de antejuicio contra el magistrado, acusado del delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada.
La petición fue aceptada por la Asamblea Legislativa y, por unanimidad, el 26 de febrero la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitió dictamen favorable para iniciar el proceso de antejuicio.
El 5 de marzo, el pleno legislativo consideró que existían los indicios suficientes para retirar el fuero constitucional al magistrado y que éste fuera procesado en una instancia judicial, por lo que aprobó con 82 votos la Asamblea el retiró del fuero.
