El querellante en el proceso penal, Arnau Baulenas, señaló que «el fallo confirma que los días 28 y 29 de diciembre (de 2017) importó todo, menos la vida de Carla y que los miembros del GRP no quisieron capturar a Samurai».
Por: Red Informativa de Arpas/ Foto: Reiny Ponce- Revista La Brújula
El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres absolvió al exjefe del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), el subcomisionado Julio César Flores, quien era procesado por el feminicidio de la agente Carla Ayala.
También fue puesto en libertad Víctor Castillo, cuñado de Juan Josué Castillo (alias Samurai), principal señalado del crimen y quien sigue prófugo.
El querellante en el proceso penal, Arnau Baulenas, señaló que «el fallo confirma que los días 28 y 29 de diciembre (de 2017) importó todo, menos la vida de Carla y que los miembros del GRP no quisieron capturar a Samurai».
Señaló que la Policía Nacional Civil (PNC) está en la obligación de responder por el daño causado a la familia de la víctima.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República se mostró satisfecha con la resolución. El fiscal German Arriaza, jefe del Grupo Anticorrupción, explicó que el subjefe del grupo élite fue condenado y llamó «ejemplarizante» a la resolución. «Es ejemplarizante, dado que se ha logrado condenar a nueve personas. seis cometieron conductas penalmente relevantes, entre ellos incumplimiento de deberes», dijo.
Afirmó que la condena el segundo al mando de la unidad élite es por la «responsabilidad que por ley tenía de hacer un adecuado abordaje a este evento, y no lo realizaron».
Este es el listado de los absueltos:
- Julio César Flores (exjefe GRP)
- Salvador Enrique Chávez (PNC)
- Victor Castillo (cuñado de Samurai)
- Edwin Isaac Esquivel (civil)
Los condenados son:
- Pablo Antonio Estrada (PNC). A prisión ocho años, por incumplimiento de deberes
- Juan Antonio Linares Flores (PNC). Condenado a cuatro años, por incumplir deberes
- Alex Obdulio López (PNC). Sentenciado a cuatro años, por incumplimiento de deberes
- Ovidio Antonio Pacheco (PNC). Condenado a siete años por incumplimiento de deberes y feminicidio agravado en comisión por omisión
- Wilfredo Deras Hernández (PNC). Sentenciado a siete años por incumplimiento de deberes y feminicidio agravado en comisión por omisión
- Edgardo Alfonso Chavarria Castillo (civil). Tres años de cárcel
- José Atilio Jiménez Quintanilla (civil). Seis meses.
Los condenados deberán pagar $14 mil en responsabilidad civil por el asesinato de Carla.
El juicio inició a finales de septiembre. La Fiscalía había ofrecido un centenar de testigos para confirmar la participación de los imputados en facilitar la huida de Samurai , también exmiembro del GRP.
Comienza juicio contra implicados en feminicidio de Carla Ayala
El 28 de septiembre, Arnau Baulenas, querellante, señaló presiones para que los testigos no declararan en el juicio. «Tenemos la impresión, y algunas fuentes nos lo han comentado, de que hay fuerte presión de la PNC para que los testigos no vengan de una forma libre. Esperemos que esto no sea sí», denunció hace un mes.
Esta mañana, previo a conocerse la resolución, indicó que «el desarrollo del juicio puso de manifiesto lo que habían sostenido», en referencia a las inconsistencias en el proceso.
El crimen de Carla Ayala ocurrió en diciembre de 2017. Según el relato, Castillo habría huido con la complicidad de sus compañeros. En ese momento, el subdirector de Áreas Especializadas, entre ellas el GRP, era el actual director de la corporación y recién nombrado viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas, quien en el pasado fue parte del Ejército.
La resolución del caso de Carla no es completa, porque falta el principal acusado, sostienen organizaciones. «Es grave porque causa un mayor daño a las víctimas, a los familiares de Carla, es una revictimización y un temor de que uno de los principales sospechosos está en libertad. Además, denota la poca voluntad de parte de la corporación policial de poder hacer la captura», dijo Baulenas.
Las agrupaciones sociales han reclamado al Estado salvadoreño por ser incapaz de capturar al señalado como agresor de Carla Ayala y señalan la complicidad de los altos mandos. El caso es símbolo de la exigencia de justicia para las víctimas de feminicidio en el país.
