“El país se ve como un país donde se resguarda victimarios y prospera la impunidad”, señalan personas defensoras.
Texto y foto: Josseline Roca
Este 30 de octubre, la Sala de lo Constitucional realizará una nueva audiencia de seguimiento a la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Están convocados el presidente de la República, Nayib Bukele; el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy; el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce; el Fiscal General, Raúl Melara; el Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar; demandantes y abogados del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
Pese a que han pasado cuatro años desde que el Tribunal declaró inconstitucional la normativa que puso un velo de impunidad sobre los crímenes cometidos en el contexto de la guerra, no hay avances significativos, señalan representantes de organizaciones.
“Ninguna institución obligada puede demostrar que ha cumplido con las obligaciones que le deriva la sentencia. Ninguna ha demostrado un avance sustancial», señaló Juan Carlos Sánchez, de la Fundación para el Debido Proceso, durante la entrevista de Voces en Contacto de este lunes.
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Sánchez explicó que el fallo histórico fue producto de la lucha de organizaciones de víctimas, y atribuía obligaciones al Estado para la garantía de verdad, justicia y reparación de quienes sufrieron graves vulneraciones a sus derechos durante el conflicto armado. La sentencia, afirmó, dio «esperanza» a las víctimas de cambiar la «historia de impunidad.
«El Estado ha bloqueado las aspiraciones de justicia que la población ha tenido. Prevalece el mismo “patrón de impunidad”, apuntó.
Una de las obligaciones más significativas es la de permitir el acceso a los archivos militares; no obstante, esto no ha sido cumplido y es evidente con el bloqueo a las inspecciones de los documentos como parte del proceso penal histórico por la masacre de El Mozote y sitios aledaños, dijo Irene Gómez, de Cristosal. «Hay un doble discurso y las víctimas han quedado sin acceso a la verdad, la justicia, y la reparación”, afirmó en Voces en Contacto.
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Además, señaló que la Asamblea Legislativa no ha creado una nueva normativa -que sustituya a la amnistía- en favor de las víctimas. «Hasta este momento, la Asamblea Legislativa ha seguido con una ley de impunidad, impunidad de facto, en la que se protege a victimarios», señaló. Agregó que la ley aprobada por el Parlamento sustituía las penas de cárcel por trabajos de utilidad pública para quienes resultaran responsables de los crímenes.
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Sánchez y Gómez señalan que existe un acuerdo de impunidad que solo perpetúa el dolor de las víctimas. «40 años después las víctimas están esperando que se reconozcan los hechos y se les garantice justicia. Cada vez que ocurren declaraciones como las que hemos visto del Presidente y del ministro de Defensa vuelven a revivir el dolor», afirmó el representante de la Fundación para el Debido Proceso.
Según datos de Cristosal, la Fiscalía General de la República tiene cerca de 160 casos sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra. Pese a que existe una Política de persecución penal de crímenes de guerra y de lesa humanidad, los proceso no avanzan, dijo Gómez.
“Nos comentan a nosotros que llegan a preguntar por sus casos, al final se van con la misma información con la cual los iniciaron», sostuvo.
Las personas defensoras señalan preocupación porque los hechos del pasado se repitan, sobre todo si se toma en cuenta la creciente participación del ejército en la seguridad pública. También lamentan la imagen que presenta el Estado a comunidad internacional.
“El país se ve como un país donde se resguarda victimarios y prospera la impunidad”, apuntó la representante de Cristosal.
