Esta semana la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley Bitcoin”, a petición del presidente de la República, Nayib Bukele. La normativa no tuvo mayor discusión ni en la Comisión Financiera ni en el pleno. 64 diputados y diputadas, la mayoría de la fracción de Nuevas Ideas, la denominada “bancada cyan”, aprobaron que esta criptomoneda sea legal en el país.
El “bitcoin” es una criptomoneda que funciona de forma digital a través transacciones, no existe físicamente. Otro dato importante es que no es respaldada por instituciones financieras y tampoco es controlada por ningún país, por lo que se señala que es una “moneda volátil” cuyo precio depende del “mercado”.
La ley aprobada el martes 8 de junio contiene 16 artículos en los que, entre otros, se establece que dicha normativa aplica para todas las personas, es decir que la población estará obligada a utilizar esta moneda. No se especifica con qué términos y condiciones. De acuerdo a información de la “Encuesta Nacional de Acceso a Servicios Financieros”, la mayoría de las personas no tiene acceso a una cuenta de ahorros o al uso de tarjetas de crédito y débito.
El anuncio sobre la intención del gobierno de permitir el curso legal del “bitcoin” en el país se conoció el sábado 6 de junio, cuando el presidente Bukele publicó una serie de tuits en inglés en los que hablaba sobre los “beneficios” de esta criptomoneda”.
“La #LeyBitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo 0 para quienes no quieran asumir riesgos”, expresó Bukele en redes sociales tras la aprobación de la normativa. Aseguró que el gobierno garantizará “la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción”.
Implicaciones de la legalización del “bitcoin”
Organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el gobierno salvadoreño está negociando un préstamo por $1,300 millones, consideran que el tema podría representar “problemas macroeconómicos, financieros y legales”, según dijo en una rueda de prensa el portavoz del FMI, Gerry Rice.
“Estamos siguiendo de cerca los avances en este tema y continuaremos nuestra consulta con las autoridades. Requiere un análisis muy cuidadoso”, dijo Rice.
Para el economista y ex presidente del Banco Central de Reservas (BCR), Carlos Acevedo, la legalización del bitcoin en el país podría convertirse en “un salto al vacío”.
“Si bien el presente de las finanzas está ya dominado por el uso del dinero digital, someter el sistema financiero a una apuesta por las criptomonedas representa un salto al vacío que bien pudiera terminar en catástrofe, como ha sido el caso de todas las crisis financieras del pasado”, dice Acevedo en un artículo de opinión publicado por el medio digital El Faro.
Agrega que “lo que sería más preocupante es si se pretendiera que, por ley, los contratos financieros estuvieran denominados en bitcoins o, más grave aún, que se obligara al Banco Central de Reserva a invertir un porcentaje de las Reserva Internacionales Netas (RIN) en bitcoins”.
Por su parte, la economista Tatiana Marroquin, señala los vacíos en la “Ley Bitcoin” pues, dice, no se explica en los 16 artículos cuál será la forma de usar la criptomoneda ni qué entidades serán las encargas de regularla.
“Esta ley es un monstruo, es burda y hasta tonta, pero le ha creado al gobierno una salida a lo problemas financieros (y hasta legales) que ellos mismos se han creado por el uso arbitrario del Estado. Esto no se trata de llevar El Salvador al futuro, se trata de cubrir el pasado”, expresó en Twitter.
Mientras que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advierte que los costos de la “volatilidad” o cambios en el precio del bitcoin podrían ser pagados por la población salvadoreña.
“El artículo 13 de la Ley Bitcoin recientemente aprobada instruye al Gobierno a constituir un fideicomiso de USD 150.0 millones en el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), para respaldar la convertibilidad automática e instantánea entre el Bitcoin y el dólar estadounidense. Debido a que este fideicomiso para amortiguar la volatilidad del Bitcoin se estaría financiando con deuda pública, la cual a la postre es amortizada con impuestos, el Icefi teme que con esta medida el riesgo y el costo de la volatilidad en realidad lo asumirían los contribuyentes salvadoreños, con implicaciones económicas, fiscales y sociales potencialmente muy negativas”, dicen el Icefi en su Nota de Coyuntura No. 02-2021.
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