La Alianza contra la Privatización del Agua y el Foro del Agua coinciden en que la propuesta de ley presentada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa no incluye aspectos fundamentales como la participación comunitaria ni la priorización de lo usos del agua. Exhortan a que las y los diputados retomen los cinco puntos no negociables que las organizaciones han defendido en los últimos 15 años.
Por: Red Informativa de ARPAS/Foto: Referencia–Cortesía
En una primera reacción sobre la propuesta de Ley General de Recursos Hídricos presentada por el gobierno, la Alianza contra la Privatización del Agua señaló “vacíos y contradicciones” en su contenido, sobre todo en relación a los “cinco puntos no negociables” que plantean las organizaciones: perspectiva de derecho humano, gestión pública, protección de cuentas, participación ciudadana y régimen económico justo.
En conferencia de prensa realizada este martes, la Alianza consideró positivo que el Ejecutivo presente una propuesta de ley y que asuma un discurso sobre el agua “parecido al de las organizaciones”, pero señala que varios componentes de la iniciativa gubernamental desdicen la narrativa pro derechos y anti privatización expresada por el presidente legislativo Ernesto Castro al momento de recibirla.
Amalia López, vocera de la Alianza, define la integración del ente rector como “presidencialista y sin estructura territorial”, la ausencia de mecanismos de participación ciudadana y la falta de enfoque de protección de cuencas.
Rodolfo Calles, por su parte, señala que la ley “pone en iguales condiciones el uso de agua para el consumo humanos y el uso para otras actividades”, así como el establecimiento de períodos de quince años para empresas que utilizan agua, que en la propuesta ciudadana son de solo cinco años.
En el mismo sentido opina Andrés McKinley, experto en agua y asesor en temas ambientales de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (UCA). McKinley dijo en entrevista con la Red Informativa de ARPAS que las organizaciones y la población deben presionar para que “la ley aprobada sea la que necesita el país y no la que el presidente Nayib Bukele quiere que aprueben sus diputados”.
La propuesta de Ley General de Recursos Hídricos fue presentada al final del día el pasado viernes 18 de mayo, por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), una semana después de que la Alianza presentara una nueva propuesta ciudadana de Ley General de Agua.
Las organizaciones exigieron una discusión amplia y expresaron disposición de aportar con sus propuestas a la construcción de una ley que revierta el deterioro de los bienes hídricos y asegure el derecho de toda la población a agua suficiente y de calidad. También reiteraron su demanda de ratificar la reforma constitucional sobre el derecho al agua y a la alimentación que ha sido rechazada por la mayoría parlamentaria oficialista.
Foro del Agua también se pronuncia: propuesta del gobierno es verticalista, burocrática y sin participación
Esta plataforma señala que la propuesta contiene aspectos similares a la entregada a la de las organizaciones a la Asamblea, sobre todo en los puntos no negociables pero «de forma nominal». Sin embargo, plantean que están ausentes elementos importantes como el enfoque que haga frente a la «injusticia hídrica», equidad de género, sustentabilidad, entre otros.
Para el Foro el contenido del anteproyecto de ley del Ejecutivo es «centralizado, verticalista, burocrático, sin participación ciudadana a nivel local territorial y sin contraloría efectiva de la política del agua».
«Es necesario que recuperemos de las propuestas del Foro del agua, de la Iglesia, de la Alianza contra la Privatización, las estructuras de gestión de zonas hidrográficas, estas deben crear los comités de cuenca que son los espacios naturales de participación de la gente. No se puede cerrar el espacio a la participación, tal y como está la propuesta ahora no incorpora este tema», dijo Carlos Flores.
«Consideramos que la crisis hídrica que enfrenta el país no da espacio para que existan permisos de largo plazo, todos los usuarios deben tener permisos que no excedan cinco años de vigencia», agregó Flores respecto a la entrega de permisos para uso del agua.
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