//Decretan detención provisional para exfuncionarios de gobierno de Mauricio Funes

Decretan detención provisional para exfuncionarios de gobierno de Mauricio Funes

Por Red Informativa de ARPAS/Fotografía Fiscalía General de la República

El juez interino del Juzgado Segundo de Paz decretó detención provisional para los 10 exfuncionarios, del gobierno del expresidente Mauricio Funes, procesados en el “Caso Desfalco”.

Los exfuncionarios Violeta Menjívar, Erlinda Handal, Carlos Cáceres, Cálixto Mejía y Hugo Flores, continuarán su proceso en detención. Mientras que para los imputados ausentes Salvador Sánchez Cerén, Lina Pohl, Gerson Martínez, Manuel Quinteros y José Belarmino López, el juzgado resolvió librar orden judicial de captura, con oficio a Interpol, para que sean localizados y puestos a la orden de los tribunales competentes.

Según el requerimiento fiscal, los procesados son acusados de favorecerse con el pago de sobresueldos durante la administración de Mauricio Funes, en el periodo 2009-2014 y los vincula formalmente en los delitos de Lavado de Dinero y Enriquecimiento Ilícito.

En su cuenta de Twitter, el Fiscal General, Rodolfo Delgado, descartó que se trate de persecución política.

Sin embargo, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, señala que sí se trata de un “caso fabricado” mediante el que se realiza “persecución política abierta”. Tras conocer la resolución del juzgado, Ortiz expresó su rechazo y señaló que se “confirma que en el país se está perdiendo aceleradamente la independencia de los poderes”.

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Diversas organizaciones sociales denunciaron las irregularidades del proceso que se dieron desde la captura de los imputados. Además, sostienen que el “caso desfalco” es un hecho distractor que pretende alejar de la vista pública el debate de la credibilidad del régimen, tras la reciente publicación de la lista Engel, en la que aparecen señalados por casos de corrupción, funcionarios del actual gobierno de Nayib Bukele.

Así como el rechazo a la inconsulta Ley Bitcoin y los golpes a la transparencia con las propuestas de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública y la aprobación de la “Ley Alabí”, las cual impide investigar casos de corrupción durante la pandemia por Covid-19.