Por Red Informativa de ARPAS/Foto: Asamblea Legislativa
Con 65 votos a favor los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesa Penal para que los delitos de corrupción no prescriban en el país.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podían investigarse ni procesarse luego de 10 años. De acuerdo a lo aprobado la aplicación es retroactiva, es decir, aplica también para funcionarios de gestiones anteriores.
La propuesta de reforma fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, a finales del mes de julio y la semana pasada la Comisión de Legislación y Puntos Constitucional emitió dictamen favorable para que fuera sometida a discusión del pleno.
El presidente Nayib Bukele celebró el dictamen. «Una vez lo apruebe el pleno de la @AsambleaSV, ya NO EXISTIRÁ LA PRESCRIPCIÓN PARA LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN. Ni los del pasado, ni los del presente, ni los del futuro», manifestó el mandatario en redes sociales.
Las reformas aprobadas establecen que no prescriben delitos como tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz, peculado, peculado por culpa, negociaciones ilícitas, cohecho propio e impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno y tráfico de influencias.
La iniciativa, aunque se considera positiva para la justicia y la lucha contra la impunidad, es contraria a otras acciones y decisiones aprobadas en la Asamblea Legislativa. Los diputados de la «bancada cyan» ha dado su visto bueno a la aprobación de normativas como la Ley Alabí, que permite -según organizaciones- la opacidad en las compras públicas, deja impune la corrupción y desprotege a la población frente a posibles daños por la aplicación de medicamentos inadecuados o malos procedimientos médicos.
Además, la Asamblea ha sido señalada por declarar como reservada información pública y las posibles reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública.
