Por Red Informativa de ARPAS/Foto: Diario Colatino
La Cámara de Familia de la Sección de Oriente de San Miguel, ordenó a la Corte Suprema de Justicia no aplicar el Decreto Legislativo 144 que contiene las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, como medida cautelar por la demanda interpuesta por jueces el pasado martes.
En su decisión, los magistrados también ordena a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia y a la Presidencia de la República a que se abstenga de «realizar actos que contravengan los derechos humanos».
La decisión de la Cámara se conoció luego que el juez titular del caso de El Mozote, Jorge Guzmán, presentó su renuncia a partir del 26 de septiembre, día en el que entran en vigencia las reformas a la Ley de la Carrera Judicial. El juez afirma en el escrito de su renuncia que “si no se respeta la Constitución, no hay nada más que respetar”. Y agrega que las víctimas, quien son el centro del caso El Mozote y lugares aledaños verán, como tantas veces, dilatado su peregrinar a la justicia.
Hace unos días, Guzmán aseguró que no era aceptable que se mantuviera en el cargo solamente a algunos jueces que estaban a cargos de casos de notoriedad pública o relacionados a delitos de lesa humanidad.
El «ultimátum» de la CSJ a jueces y magistrados
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reiteró las reformas a la Ley de la Carrera Judicial entrarán en vigencia el próximo domingo 26 de septimebre, y por ese motivo puso como límite el viernes 24 para que jueces, juezas, magistradas y magistrados, que serán cesados de sus cargos, puedan presentar su renuncia.
El decreto aprobado el pasado 31 de agosto por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa establece el cese en sus funciones de 216 juezas, jueces, magistradas y magistrados que tengan 60 años de edad o 30 años de servicio
Durante un conversatorio regional, el Juez Juan Antonio Durán, quien ha liderado las protestas por la independencia judicial, manifestó que el Decreto Legislativo 144 es una ley perversa y por tal razón han pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suspenda la aplicación de la ley.
El pasado 17 de septiembre, día en que dieron a conocer la publicación del decreto en el Diario Oficial, la Corte Plena de la CSJ aprobó la entrega de una bonificación de 24 salarios para aquellos funcionarios que renunciaran a sus cargos antes que entre en vigencia la modificación.
Para la jueza Adriana Orucó, de Costa Rica, es una “estocada” a toda la Judicatura del mundo y se debe actuar.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas han manifestado su desacuerdo ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
