Por Red Informativa de ARPAS
Representantes de organizaciones denunciaron que el Decreto Transitorio que contiene las “Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados”, aprobado ayer en la Asamblea Legislativa, busca silenciar las protestas sociales contra el gobierno, dado que la decisión de la mayoría oficialista se da luego de las masivas movilizaciones que se han realizado desde el 15 de septiembre.
La organización Acción Ciudadana señaló que “con este decreto lo que están generando es criminalización de la protesta social”.
El director para las Américas de Human Rigth Watch, José Miguel Vivanco, también se sumó a la condena ante la decisión de la denominada “bancada cyan” y sus aliados. “Se trata de una prohibición desproporcionada y generalizada y, por ello, violatoria de estándares de Derechos Humanos”, advierte Vivanco.
El Decreto Transitorio aprobado por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa estará vigente hasta el 8 de diciembre.
Según diputados de Nuevas Ideas, este Decreto pretende “beneficiar” a artistas y trabajadores de la cultura que “se sentían vulnerados con el decreto anterior”, y para evitar aumento de contagios de COVID-19.
De acuerdo al texto del Decreto, el ministerio de Salud (MINSAL) autorizará la realización de actividades que cumplan con medidas de distanciamiento físico, uso de mascarillas y que las personas asistentes tengan el esquema de vacunación completo. De lo contrario, MINSAL y PNC podrían suspender y la FGR acusar a las personas del delito de “desobediencia de particulares”.
Además, se establece que quienes “incumplan” el Decreto podría incurrir en una multa de veinte hasta cien salarios mínimos urbanos para el sector comercio y servicios.
