Por Red Informativa de ARPAS/Foto: Cortesía
Las organizaciones que en el país forman parte del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), creado como parte del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción” en 2018, presentaron los resultados de la situación de El Salvador en cuanto a lucha contra la corrupción, transparencia y democracia.
El Compromiso de Lima fue suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018 durante el gobierno del ex presidente Salvador Sánchez Cerén. Esta iniciativa busca “mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas”.
De acuerdo a los resultados de la evaluación que inició en noviembre de 2020, la calificación promedio del país es de 0.86 de 3 puntos que podía alcanzar lo que, de acuerdo a las organizaciones, refleja pocos o nulos avances en cuanto a la lucha contra la corrupción. Xenia Hernández, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) señaló que identifican retrocesos en los esfuerzos para combatir el fenómeno.
También se explicó que para el análisis se tomaron en cuenta 19 de los 57 indicadores que contempla el acuerdo regional. Los principales temas evaluados en el caso de El Salvador fueron fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, transparencia y acceso a la información, financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional.
En los primeros tres se registran las evaluaciones más bajas, según la información presentada por el OCC.
En el informe, las organizaciones del Observatorio Ciudadano de Corrupción también señalan algunos hechos que consideran atentatorios contra la democracia, entre estos la finalización del convenio entre el gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) para el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIES), la imposición de comisionados en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la destitución de magistrados de la Sala Constitución y Fiscal General el 01 de mayo, entre otros.
Jiovanny Fuentes, coordinador del OCC Capítulo El Salvador, explicó que la calificación promedio del país podría compararse con la situación que enfrentan países como Guatemala, Honduras y Panamá donde no se registran avances en la lucha contra la corrupción.
Además, detalló que entre las recomendaciones incluidas en el informe se exhorta al gobierno a generar un “sistema de estadísticas que permita medir el impacto de las medidas anticorrupción”. A la Asamblea Legislativa a “aprobar una ley que regule los conflictos de interés de los funcionarios públicos para combatir la corrupción y el cumplimiento del compromiso”, mientras que al IAIP le hicieron un llamado a “que trabajen por promover y fortalecer la independencia y autonomía de la institución”.
El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil del continente americano.
En El Salvador participan en esta iniciativa la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), la Asociación Salvadoreña para la Formación y Capacitación Integral Sostenible (ASAFOCAIS), Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE), Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ), Asociación por un Futuro Abierto, Jóvenes Iberoamericanos, Mentes Jóvenes, Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA) y la Plataforma Verdad a Domicilio.
Informe-Final-OCC
