Por Red Informativa de ARPAS
Las organizaciones que conforman la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO) rechazan el traslado de los magistrados Samuel Lizama y Cesia Romero y condenan el desmantelamiento de la Cámara Ambiental, a raíz de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial aprobadas por los diputados oficialistas en la Asamblea Legislativa.
Para la MESUTSO, los jueces demostraron un compromiso con la justicia, el derecho, la protección del ambiente y los lugares sagrados nahuas a través de resoluciones que son emblemáticas e históricas. Además, consideran la decisión de mover a los profesionales tiene otra intención.
De acuerdo con Sofía Morán, del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, los ex magistrados resolvieron a favor de los derechos de pueblos indígenas y ambientales, al ordenar medidas cautelares de protección al patrimonio intangible y tangible del Sensunapán o Río Grande, que impendían, entre otras cosas, que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgara el permiso ambiental de ubicación y construcción al proyecto ¨Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II’’, la octava represa sobre este afluente.
Sin embargo, con el desmantelamiento de la Cámara, dichas medidas se encuentran en riesgo, advirtió la lideresa.
Ante el panorama, la MESUTSO pide el reinstalo del juez Lizama y la jueza Romero en la Cámara Ambiental, así como que se garantice la continuidad de las medidas cautelares en el caso del Río Sensunapán, priorizando los derechos colectivos sobre los intereses mercantilistas.
