Desde que ARENA y sus secuaces (del PCN, PDC y GANA) en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático decidieron retomar el proyecto de ley privatizadora del agua, diversos sectores de la población mantienen una movilización permanente por la defensa del derecho humano al agua y la gestión pública del vital líquido.
Hasta hoy no ha habido un sólo día en que no se haya realizado alguna marcha, concentración, foro público, rueda de prensa o asamblea comunal para protestar contra el tenebroso propósito de la derecha empresarial y sus operadores políticos de convertir el agua en una mercancía al servicio de la voracidad lucrativa de azucareros, industriales y demás negociantes del recurso hídrico.
Esta lucha continua de organizaciones, comunidades, sindicatos, adescos, ONGs, iglesias y toda la población que espontáneamente se ha incorpora las actividades contra la privatización del agua, ha impedido que la derecha parlamentaria avance en la tarea que le encomendaron su patronos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Los diputados y diputadas de derecha, incluso, se han retractado (falsamente, desde luego) de su objetivo privatizador y ayer decidieron escuchar en la Comisión a todas las organizaciones e instituciones que han solicitado audiencia para presentar sus argumentos en favor de la creación de un ente rector de las políticas hídricas totalmente público.
Ojalá que todas las intervenciones contra la privatización del agua (de la UCA, la Iglesia Católica, la PDDH y las organizaciones sociales) en el seno de la Comisión sean acompañadas por masivas movilizaciones y concentraciones ciudadanas para presionar a la derecha legislativa a aprobar una normativa que reconozca el agua como derecho, la gestión pública del vital líquido y la participación comunitaria en la protección de los bienes hídricos.
Esta lucha cívica contra la Ley (Integral de Agua) de la ANEP también deberá enfocarse contra otros posibles mecanismos de privatización del vital líquido, entre éstos los “Asocio Público Privados” y la creación de una “Zona Económica Especial” en el oriente del país, iniciativa de corte neoliberal propuesta ayer por el Ejecutivo ante la Asamblea.
