Hostigamientos, amenazas verbales, escuchas telefónicas, difamación o desacreditación de la imagen, criminalización, son algunas de las situaciones a las que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el país. Una reciente investigación realizada por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) constata que ninguna institución tiene un registro oficial sobre éste tipo de vulneraciones.
Por ARPAS/Foto: FESPAD
Según la investigación de FESPAD, “aunque a nivel internacional se han generado instrumentos internacionales que reconocen la importancia de la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos, en el país no se cuenta con marcos normativos que den respuesta al requerimiento internacional”.
“Para el Estado en su conjunto parecería que las defensoras y defensores no existen”, dijo María Silvia Guillén, presidenta de FESPAD. Recordó que en septiembre de 2018 se presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley “para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos”, pero que ésta sigue estancada en el Parlamento.
“Mucho menos hay en la cabeza de los funcionarios una actitud de reconocer que estas personas son defensoras de derechos humanos. El anteproyecto sigue esperando a que los diputados y diputadas tomen conciencia que en El Salvador hay que aprobar normas que protejan a quienes realizan esta labor”, agregó María Silvia Guillén.
Loyda Robles, Coordinadora del Programa de Transparencia y Anticorrupción de FESPAD, explicó que la investigación constató la falta de un registro oficial de violaciones a derechos de las personas que defienden derechos. “Hicimos consultas a las diferentes instancias del Estado, las respuestas fueron bastante ambiguas por parte de PDDH, FGR, PGR, PNC e ISDEMU, de hecho nos pidieron que definiéramos quién es una persona defensora de derechos humanos”.
Además, la investigación señala la doble vulneración que vive la comunidad LGTBI, por su diversidad y por ejercer la labor de defensa de derechos. “Esta población constituye una de las más violentadas en sus derechos, pues está expuesta a sufrir de forma directa afectaciones a su vida e integridad física, esto queda evidenciado por los diversos crímenes por odio que se han venido suscitando desde hace varios años y que hasta hoy siguen en la impunidad”, señala el documento de FESPAD.
Amalia Leiva, de la Asociación COMCAVIS Trans, afirmó que realizar esta labor conlleva riesgos para su integridad y vida. “El Estado te violenta y te mata al no generar políticas y legislaciones que protejan, acompañen y respalden tu acción de defender derechos humanos”, agregó.
La presentación del informe situacional sobre las personas defensoras de derechos humanos se realizó en el marco del 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento internacional que recoge las garantías mínimas que los Estados deben cumplir y garantizar a las diversas poblaciones.
Las personas defensoras de derechos en el país exigen al Estado saldar las deudas pendientes con este sector, como la aprobación de mecanismos y leyes que protejan su labor.
