Sin embargo, las reformas a la Ley de Asocio Público-Privados, aprobados recientemente por la Asamblea Legislativa, también representan un peligro que no debe pasar desapercibido. Estas disposiciones, de hecho, privatizan el tratamiento de las aguas residuales y abren la posibilidad de inversión privada en otras actividades relacionadas con el agua.

Las cuestionadas reformas fueron avaladas por todos los grupos parlamentarios (incluido el FMLN) y sancionadas por el Presidente Salvador Sánchez Cerén, quien el pasado fin de semana se declaró en contra de la privatización del agua.
La aprobación efemelenista y la ratificación presidencial se dio a pesar del rechazo del Foro del Agua, ASGOJU y otras organizaciones populares aliadas del gobierno que marcharon a Casa Presidencial en dos ocasiones pidiendo a Sánchez Cerén que vetara las reformas.

En una audiencia que concedió a un grupo de representantes de las organizaciones progresistas, el mandatario afirmó que los asocios públicos privados “son buenos para el país” porque “generan inversiones que se necesitan”. Horas después, Sánchez Cerén sancionó las reformas.

Por eso todas las organizaciones, redes, movimientos y sectores sociales, académicos y religiosos aglutinados en la Alianza contra la Privatización del Agua también deben exigir la reversión de las reformas a la Ley de Asocios Público-Privados porque son mecanismos de privatización del agua impulsados por el Banco Mundial y el FOMILENIO.

Frente al desprestigio de las privatizaciones directas, las élites empresariales y sus operadores políticos han inventado formas más sutiles: una es permitir el control empresarial de los entes rectores de políticas públicas, como en la ley de aguas que promueven ARENA y la ANEP; y la otra son los asocios público-privados.
Así que, para evitar la privatización del agua, todos y todas debemos exigir que la ANEP quede fuera de la ley de agua y que los asocios público-privados sean revertidos.