Investigar a más personas, presuntamente vinculadas a negociaciones con pandillas en contextos electorales, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) el juez Especializado de Sentencia de San Salvador, Godofredo Salazar Torres.

Por Norma Ramírez/Foto: Diario Colatino

Según una nota periodística, en su sentencia por el proceso judicial de la llamada «operación Cuscatlán», el juzgador establece que la FGR debe verificar acercamientos «de la pandilla MS con funcionarios del actual gobierno», aunque no especifica nombres.

En otra investigación fiscal (la «Operación Jaque»), dos miembros del gobierno, el ministro de Gobernación, Mario Durán, y el director de Tejido Social, Carlos Marroquin, han sido señalados de sostener un encuentro con pandillas en el año 2015.

Además, en su sentencia de más de mil páginas, el juez determinó que debe realizarse una investigación contra miembros del partido FMLN para verificar una posible vinculación con pandillas en San Salvador, en el marco de las elecciones de 2015.

Agrega que «debe indagarse los alcances de la participación de miembros directivos del partido FMLN, como los señores José Luis Merino y Medardo González Trejo, este último en su calidad de Secretario General de ese partido político en el periodo sujeto a investigación”.

La sentencia del juez también señala al actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por posible fraude procesal.

«La legitimidad de los procesos eleccionarios posteriores al 2012 e incluso el reciente evento de sufragio, se ven claramente comprometidos por la injerencia de la delincuencia organizada a través de pandillas en la decisión del elector… y en caso de resultar imputable debió impedirle participar en ejercicios democráticos en épocas de 2018 y siguientes», argumenta el juez.

También señala que, según la investigación, “se plantea la existencia de una mafia pandilleril y gansters políticos quienes en forma deliberada realizan asociaciones con grupos de crimen organizado, para lograr los propósitos políticos del momento y ascender en los cargos públicos de forma ilegal y sistemática”.

La «operación Cuscatlán» fue realizada por la Fiscalía en 2017. Como resultado de ésta se acusó a 425 pandilleros por delitos como organizaciones terroristas, homicidio agravado, entre otros. Por esta nunca se investigó a funcionarios ni políticos.

Por lo que en el documento, el juez determinó que la FGR debe investigar las posibles responsabilidades en las que pudieron incurrir los expresidentes Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén, el exministro de Defensa, David Victoriano Munguía Payés.

También el juez ordena que se investigue a un embajador de Alemania, a quien señala de participar en algunas reuniones con pandillas.

“También se pide investigar a los miembros del partido ARENA, Jorge Velado, Ernesto Angulo; a los integrantes de la red de pastores; las municipalidades de Sonsonate, La Libertad, Ilopango, San Salvador, Cuscatancingo, Santa Tecla, Usulután, San Marcos, Soyapango y Apopa». Así como la posible participación de miembros del partido GANA en las negociaciones con pandillas.

La sentencia se conoce en el marco del proceso judicial iniciado contra los exministros Arístides Valencia, Benito Lara; así como contra el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el exmediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango; el columnista Paolo Lüers y el exrepresentante de la Fundación Nahual, Wilson Alvarado. A quienes se les acusa de negociar con pandillas.