Por: Norma Ramírez

El procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, emitió medidas cautelares a favor de las personas que se encuentran en cuarentena en el Hospital Saldaña. Y pide al Fiscal General investigar dos muertes ocurridas en el nosocomio y que son de personas que, presuntamente, no recibieron atención médica adecuada.

A la PDDH le preocupa el casos de dos personas adultas mayores que fallecieron en el hospital Saldaña, producto de enfermedades crónicas y quienes, “no recibieron atención médica oportuna, según han descrito diversos medios de comunicación”.

Uno de los casos es el de Julio Contreras, de 82 años, quien tras volver junto a su nieto de un viaje de Brasil fueron enviados a un albergue en la colonia Zacamil, en Mejicanos. Sin embargo, tras algunos días en el lugar presentó síntomas de gripe y fiebre por lo que fue llevado al hospital Saldaña. Sus pruebas de COVID-19 resultaron negativas, según familiares.

El Procurador de Derechos Humanos, en las medidas cautelares emitidas este martes, insta al Fiscal General a investigar estas muertes «que hasta la fecha han ocurrido en el contexto de la pandemia COVID-19, dentro del Hospital Saldaña, aplicando en todo momento el principio de debida diligencia, ante la gravedad y circunstancias en que se suscitaron» .

Las medidas fueron emitidas como resultado de denuncias de familiares y de personas internadas. Según un comunicado difundido, el titular de la PDDH señala que las condiciones que las sustentan son «la falta de atención médica oportuna y eficaz ante padecimientos crónicos o enfermedades adyacentes; condiciones insalubres del lugar, no se cuenta con agua potable, ni con artículos de uso personal y la falta de información adecuada sobre su situación clínica, su diagnóstico, los resultados de las pruebas realizadas».

Según el funcionario, la ausencia de condiciones adecuadas de atención a las personas se constituye como “presuntas graves violaciones al derecho a la salud en vinculación estrecha con el derecho a la vida”.

Otras de las medidas cautelares emitidas por el Procurador de Derechos Humanos consisten en que el ministro de Salud, Francisco Alabí debe adoptar con «carácter de urgentes e impostergables, las medidas de su competencia en el marco de los protocolos de atención internacionales y nacionales existentes para la atención de las personas en cuarentena preventiva o diagnosticadas con COVID-19 que se encuentran en el Hospital Saldaña, para prevenir afectaciones más graves a la salud y la vida».

Además, que debe establecer medidas para la atención urgente a pacientes en condición de vulnerabilidad, particularmente «niñez, neonatos, personas adultas mayores, mujeres, mujeres embarazadas o en estado post parto, personas con discapacidad, personas con VIH».

Al presidente Nayib Bukele, le exhorta a «realizar las acciones de su competencia a efectos de garantizar las condiciones adecuadas en el Hospital Saldaña así como en toda la red de hospitales del país. Lo que implica garantizar al personal de salud de todos los insumos, equipos e infraestructura necesaria para el buen desempeño de sus labores», dice el procurador en un comunicado.