Preocupadas por posibles violaciones a derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad, se encuentran organizaciones de derechos humanos. Esto ante la “orden” que el presidente Nayib Bukele dio en cadena nacional a la PNC y la FAES de “endurecer” medidas contra quienes incumplan la cuarentena.
Por: Krissia Girón / Foto: Presidencia
La orden emitida por el presidente de la República, Nayib Bukele, el pasado lunes 6 de abril en cadena nacional, que llamaba a los cuerpos de seguridad a ser “más duros con quienes estén violando la cuarentena” preocupa a organizaciones de Derechos Humanos.
Para Celia Medrano, directora de Programas de Cristosal, no hay una preocupación por parte de la presidencia ante las denuncias de violaciones a la legalidad de estas medidas ejecutadas desde el gobierno.
“la detención de personas por la PNC sin previa verificación de que son portadores del virus, se configuran como detenciones arbitrarias, incluso cuando ya la Corte Suprema de Justicia lo ha señalado con claridad en diferentes hábeas corpus”, expresó Medrano.
Y es que en recientes resoluciones, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mandató a las autoridades a brindar un trato digno y atención adecuada a quienes sean llevados a centros de cuarentena.
Celia Medrano agrega que el mandatario envió un mensaje erróneo al plantear que “para él no es importante el señalamiento a los derechos humanos y luego da instrucciones a cometer abusos”.
“El mensaje dice que solo y exclusivamente bajo el sacrificio de los derechos humanos y la justificación de que estos deben de ser violentados, se evitará la pandemia. Son dos afirmaciones gravemente falsas”, afirma la representante de Cristosal
Por otra parte, Blanchy Orellana, abogada de la Dirección de Institucionalidad, Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, considera que las medidas de contención del virus no deben ser una carta abierta para que los agentes de seguridad actúen al margen del respeto de la Constitución de la República.
“En ocasiones parece que no hay mucha claridad por parte de las autoridades entre las facultades que establece el decreto de cuarentena, sobre la base del Estado de emergencia, y el régimen de excepción. El mensaje que le deja a la población es ambigüo y se traduce en incertidumbre e inseguridad jurídica”, apuntó.
Orellana añade que es necesario garantizar la aplicación de la Constitución y la garantía de derechos humanos “por encima de todo tipo de declaratoria aún en el marco de la emergencia”.
“La protección de los derechos como la salud y la vida no pueden ser utilizados como pretexto para anular arbitrariamente las garantías básicas y los derechos fundamentales”, afirmó la representante de FESPAD.
Claudia Argueta, técnica jurídica del Servicio Social Pasionista, reitera la importancia de las medidas emitidas por el gobierno para la contención del contagio por COVID-19. Sin embargo, hace un llamado a seguir lineamientos que garanticen la protección de las personas detenidas.
“Se debe seguir exigiendo el cumplimiento de algunos derechos por parte de la población: al debido proceso, a ser informados si se va a una retención, a la privacidad de los datos sensibles de las personas que les puedan poner en riesgo y a ser asistido por un profesional del derecho”, expresó Argueta.
La abogada hizo un llamado a que el combate al COVID-19 se desarrolle con un enfoque de derechos humanos.
A este llamado al respeto a los derechos humanos, las organizaciones añaden que deben estar en función de todas las personas, sobre todo de los grupos más vulnerables e históricamente olvidados.
