“La salud humana requiere respuestas sanitarias, pero el derecho de la información pública y la libertad de expresión son fundamentales para dar respuesta a la pandemia», dijo el relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, en el foro denominado «El deber del Estado de informar durante la pandemia”, organizado por el IAIP.
Por Krissia Girón / Foto: IAIP
«Me preocupa que El Salvador haya suspendido los plazos administrativos para la entrega de información pública», dice el Relator.
“Hubo muchas respuestas positivas de otros Estados que priorizaron las respuestas de información publica que tengan que ver con la pandemia. No hay razón para suprimir la libertad de expresión y el derecho a la información”, dice Lanza.
El Relator afirma que la situación de emergencia por COVID-19 no requiere suprimir estos derechos, más bien necesita que se refuercen. «Argentina, Chile, Brasil, entre otros países, levantaron medidas que suspendían los plazos para dar respuesta de pedidos de información pública», plantea.
Lanza también hizo un punteo de las obligaciones de los Estados, entre ellas compartir información veraz y fiable sobre la pandemia: recuperados, fallecidos, cantidad de personas en UCI, etc, son categorías que deben estar disponibles. Y otras como gastos de emergencia, procesos abreviados en cuanto a licitaciones publicas, entre otras, agrega.
También es una obligación de los Estados no restringir a la prensa: “Deben poder preguntar y poder asistir a todas las conferencias”, dice el Relator. Agrega la importancia del acceso al internet, para que las personas puedan conocer la información de forma oportuna. De ser posible ampliar la cobertura.
Otras de las obligaciones son, dice el Relator, combatir y no reproducir desinformación, u ocultar la información sobre la situación actual. Añade que el Estado debe proteger los datos personales de quienes están siendo afectados por la pandemia.
Por su parte, Claudia Umaña, presidenta de la Fundación DTJ, considera que la cuarentena ha tenido un carácter sancionatorio. «No se debe valorar que para que haya salud se debe afectar el Estado de Derecho», afirma
Umaña sostiene que se debe aprender de experiencias anteriores a nivel mundial con el manejo de emergencias. «Con la pandemia del Ébola los casos de corrupción aparecieron después de terminada la crisis, sobre la compra de insumos médicos», dijo.
«Esperamos un rol muy proactivo de la Corte de Cuentas. Su capacidad constitucional es muy amplia para utilizar todos sus recursos y garantizar que todo lo que se hará en esta pandemia será de forma transparente», añadió Umaña.
Sobre esto, la presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas, explicó algunas de las medidas para auditar el gasto público durante la emergencia por coronavirus. Mientras haya transparencia se «va a evitar y a eliminar la corrupción”, expresó.
“El 27 de marzo de este año se diseñó el Plan de Fiscalización de los recursos utilizados en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19 que será ejecutado por las direcciones de auditoría de la Corte de Cuentas, destinado a las acciones implementadas por las instituciones del Estado, entre ellas, la construcción del hospital en el CIFCO”, dice Rivas.
Este plan, agrega la titular de la CCR, incluye también la auditoria a la distribución del subsidio de $300, el bono de $150 y la entrega de insumos agrícolas, «ahí se han incorporado algunas denuncias que han ingresado, entre ellas, la del alcalde de Panchimalco», aseveró.
«Tenemos conformado el equipo de auditoría que va a fiscalizar administración de donaciones nacionales e internacionales; los $2 mil millones de gestión del financiamiento a través de la contratación de préstamos y emisión de títulos valores y la administración de los recursos financieros que se obtengan», afirmó la funcionaria.
Detalló que se han recibido 32 denuncias ciudadanas. «De éstas, las que corresponden al marco de la pandemia, se han incluido a las auditorías», sostuvo. Aseguró que 4 de las denuncias son sobre la distribución del bono de los $300 y 2 sobre lo que sucedió en Panchimalco.
Por su parte, el periodista Saúl Hernández, recalcó que “el derecho a la libertad de expresión no puede ser entendido sin el acceso a la información”.
Añadió que en el caso del ejercicio periodístico se han tenido restricciones: “Campaña de descrédito hacia medios de comunicación y periodistas con un enfoque editorial crítico, acceso a fuentes de información oficiales, falta de transparencia en los criterios de asignación de pauta gubernamental, bloqueo a periodistas y otros actores al acceso de información relevante publicada en la cuenta de Twitter del presidente y exclusión a convocatorias de prensa y entrevistas a determinados medios”, explicó.
El foro se realizó en el marco del noveno aniversario de aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Según datos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), desde al año 2013 a la fecha, registran un total de 3, 345 casos relacionados con vulneración a los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales.
