La organización de derechos humanos Azul Originario (AZO) señalan que los cuerpos de seguridad deben aplicar el enfoque de derechos humanos en sus políticas. Recientemente, se conocieron denuncias por abusos de autoridad por parte de a agentes policiales, durante la emergencia del COVID-19.
Por: Krissia Girón / Foto: @PNCSV
Uno de los casos es el de un joven que, luego de ser trasladado desde las bartolinas en el municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz, presuntamente falleció por COVID-19. Su familia denunció que su cuerpo tenía señales de tortura.
Según notas periodísticas, en el Hospital Santa Teresa a la familia se le pidió no descubrir el cuerpo, ya que había fallecido por coronavirus. Sin embargo, sus familiares decidieron abrir el féretro y encontraron señales de tortura y esposas en sus manos.
Sobre este caso, el director de la Policía Nacional Civil. PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que las esposas eran del bartolinero: “Hay una negligencia que estamos investigando”, expresó.
Afirmó que también la Secretaría Contralora de la PNC, investigará el hecho. “Si hay implicaciones penales, por supuesto que los vamos a remitir”, señaló. El joven habría sido capturado junto a otras personas acusadas del asesinato de un militar.
Otro caso investigado por la FGR es el asesinato de la joven Zulma Yamilet Valencia Sisco, de 22 años de edad, en el municipio de San Julián, en Sonante, por parte de agentes de la PNC, el pasado 10 de mayo. La versión de la PNC fue que la muerte de la joven se dio en un intercambio de disparos, afirmaron que la joven era integrante de una pandilla.
Sin embargo, la familia desmintió la versión policial, aseguraron que la joven trabajaba y que el día del hecho había salido a realizar comprados, por lo que la Fiscalía abrió el respectivo proceso.
Los agentes de la PNC acusados del asesinato de la joven serán investigados en libertad según lo determinó el Juzgado de Paz de San Julián, en Sonsonate. El caso pasó a un juzgado de instrucción de la misma localidad. De ser encontrados culpables del asesinato, los agentes podrían enfrentar entre 15 y 20 años de prisión.
A juicio del abogado de la Asociación Azul Originario (AZO), Otto Flores, estas denuncias son consecuencia de, entre otras cosas, no tener claridad de los marcos legales de actuación en medio de la pandemia.
“Las leyes que ha hecho el Ejecutivo le ha permitido a la Policía actuar de manera discrecional, donde es el policía quien tiene el poder de detener a una persona y de decidir si lo va a mandar a un centro de cuarentena, si lo va a mandar para su casa o si va a cometer otro tipo de acto que puede llegar inclusive a ser delito o algún tipo de ilícito de tipo administrativo”, expresó el abogado.
Flores asegura que casos, como el del joven fallecido en Zacatecoluca, existen más que reflejan un menor control de las instituciones hacia la Policía.
“He tenido información de mis contactos en la Fiscalía, sobre que no es la primera vez que han sucedido hechos parecidos en La Paz, ya que ha habido casos donde la misma Fiscalía de ese departamento ha tenido que girar órdenes de arresto contra algunos detectives que han falsificado evidencia, han obligado a testigos a declarar más allá de los hechos que han sucedido, todo con tal de cumplir cuotas”, afirmó.
“Así mismo, esta cultura de violencia que se ha adoptado en contra de las pandillas ha permitido que bajen los controles que se realizan sobre la Policía, que sean aminorizados, que algunas violaciones sean omitidas con tal de cumplir siempre la misma meta que se les ha impuesto”, dijo.
Wendy Morales, representante de AZO, recordó que este tipo de situaciones no son nuevas, por lo que debe haber un “seguimiento real de estos casos”.
“Aquí con utilizar el apelativo ‘es pandillero’, ‘es pandillera la sociedad no los culpa (a los ejecutores) por lo que hiciste, sino que les aplaude. (…) Nosotros hemos tenido muchos casos en que algunos policías hacen una detención ilegal, arbitraria o con mal procedimiento, con abuso o tortura; y lo único hacen las autoridades es mover de zona a estos elementos, pero no los sacan del cuerpo policial.”, afirmó Morales a la Red Informativa de Arpas
Agregó que, a su juicio, existe menos control de las instituciones de seguridad en las zonas rurales del país. “La Policía y la Fuerza Armada tienen un sentido de falso poder dentro de estos territorios´, que les da por cometer arbitrariedades. Hay zonas del país que han sido denominadas de ‘Alto Riesgo’, mal llamadas así”, dijo.
“Se dice que la mayoría de personas que viven ahí son pandilleros o familiares de pandilleros. Así es como los catalogan. Esto hace que el enfoque de la Policía sea mucho más represivo, mucho más violento y con mucha más fuerza. En ese sentido, dicen: somos la autoridad. Somos la Ley y podemos hacer lo que sea y nadie nos va a decir nada. El sospechoso era pandillero y por eso lo ajusticiamos”, lamentó la defensora de derechos humanos.
El llamado de esta organización hacia las autoridades es a incorporar el enfoque de derechos en las políticas públicas, y que estas busquen erradicar las causas estructurales de la violencia, sin basarse solamente en las estadísticas.
“Porque seguridad no es solo arrestar, llevarse a las personas, golpear a alguien. Esto está alejadísimo de ser seguridad. Y por esto es que se plantea que los derechos humanos son un obstáculo para conseguirla. Darle la vuelta a ese discurso para mí es bastante importante para poder atacar las causas”, enfatizó.
