Los delitos que se les atribuyen son peculado, cohecho activo, lavado de dinero y de activos y agrupaciones ilícitas. Se estima que la afectación al Estado ronda los $50 millones de dólares.
Por: Krissia Girón/ FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) ratificó la acusación contra seis personas por presuntos actos de corrupción en el caso de la represa El Chaparral, ubicada en San Luis La Reina, San Miguel.
Según el Fiscal General, Raúl Melara, cuentan con el testimonio de 70 personas quienes “relataron” cómo se desarrollaron los hechos ocurridos en el año 2012. German García Arriaza, director contra la corrupción y la impunidad de la FGR, explicó que la acusación es por el desvío de $50 millones en una supuesta red liderada por el expresidente de la República, Mauricio Funes.
Los acusados son el expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, José Leopoldo Samour Gómez, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, Mario Pieragostini Maiocchi, José Efraín Quinteros y Ada Mitchell Guzmán Sigüenza. El requerimiento fiscal fue presentado ante el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador. Los delitos que se les atribuyen son peculado, cohecho activo, lavado de dinero y de activos y agrupaciones ilícitas.
Conforme a los plazos establecidos por ley, la Jueza del caso determinó que la etapa de instrucción ha finalizado. Sin embargo, para los peritos, está prorrogada hasta el 7 de diciembre del 2020.
El caso
Según el relato de la Fiscalía, el 26 de septiembre de 2008 se suscribió entre CEL y la empresa constructora italiana ASTALDI, el contrato número CEL-4143-S, con la finalidad de ejecutar la construcción de la presa Hidroeléctrica El Chaparral, cuyo costo fue de $219,900,509.90. García Arriaza explicó que el contrato estaba bajo la modalidad “llave en mano”, que significa que “no puede haber ninguna modificación, ni en el precio ni en el período de ejecución”.
“Cualquier perjuicio ocasionado en el desarrollo de ese proyecto debe ser cubierto por el contratista, así se acordó”, dijo el director de corrupción de la FGR.
Sin embargo, ASTALDI incumplió el contrato al cometer atrasos significativos en la obra desde sus inicios, hasta llegar a la suspensión unilateral de los trabajos. Para la fiscalía, “esto constituía motivo suficiente para que CEL caducara el contrato, les impusiera multas e hiciera efectivas las fianzas contractuales”.
Por otra parte, la constructora ASTALDI, representada por el señor Mario Pieragostini MaiocchI, interpuso ante la CEL una serie de reclamos por situaciones geológicas “no comprobadas”, como el movimiento del cauce del río, que denominaron “imprevistos imprevisibles”. Con esto, pretendían justificar un incremento o ajuste del precio del contrato.
El 22 de agosto de 2010, CEL contrató a la firma legal internacional Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, s.c., expertos en arbitrajes internacionales, con el objetivo de prevenir un posible litigio con la empresa ASTALDI. La firma recomienda un peritaje común técnico para verificar las situaciones geológicas planteadas por la constructoria. Ante esto, CEL contrata a la empresa Novotec, para que realice un peritaje en el sitio de la obra, emitiendo un dictamen técnico que sustenta las argumentaciones de CEL ante un posible arbitraje.
“Ambas consultoras establecen que la posibilidad de ganar en un arbitraje internacional era de un 70% a favor del Estado de El Salvador”, expresó García Arriaza.
Agregó que, en ese momento, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, ordenó a los asesores legales locales buscar el arreglo directo con ASTALDI y evitar el arbitraje a toda costa. Posteriormente Mauricio Funes nombró a José Leopoldo Samour Gómez como presidente de CEL, quien el 11 de julio de 2011 ejecutó la orden previa de llegar a un arreglo directo con la constructora italiana. Se les pagó el costo de la obra ejecutada hasta ese momento, más una suma adicional de $45,244,418.00, “sin existir base legal ni técnica para pagar un monto adicional”, asegura la FGR.
También, García Arriaza explicó que Miguel Menéndez, Leopoldo Samour y otras personas más viajaron a Panamá, entre el 10 y el 12 de junio de 2012, presuntamente para adquirir una sociedad fachada denominada Headford Business y abrir una cuenta bancaria a nombre de la misma para “recibir las dádivas o retribuciones que entregó ASTALDI a Mauricio Funes y Miguel Menéndez, por el arreglo directo que benefició a ASTALDI en más de cuarenta y cinco millones de dólares”, dijo.
Según uno de los testigos del caso, Miguel Menéndez logó conseguir $3.5 millones de ASTALDI en beneficio del expresidente, Mauricio Funes.
La Fiscalía agregó que parte de este dinero se utilizó para la creación y funcionamiento de la franquicia de sociedades Latin America Spas, constituyéndose en El Salvador, Panamá y Suiza, propiedad de Mauricio Funes y administrado por Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.
Sobre el caso, también el actual presidente del CEL, Daniel Álvarez, dijo que presentarán dictamen de acusación formal como parte querellante ante el Juzgado Noveno de Instrucción.
