Organizaciones reclaman al Estado salvadoreño por ser incapaz de capturar al agresor de Carla Ayala y señalan la complicidad de los altos mandos. El caso es símbolo de la exigencia de justicia para las víctimas de feminicidio en el país.
Por: Red Informativa de Arpas/ Foto: Facebook Sara García
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación instaló hoy la vista pública contra los implicados en el la desaparición y feminicidio de Carla Ayala, agente del Grupo de Reacción Policial (GRP). Son ocho policías, quienes eran compañeros de la víctima, y cinco civiles.
La Fiscalía General de la República afirmó que la audiencia iniciada hoy se centraría en el «incumplimiento de deberes y encubrimiento» por parte de los agentes.
El querellante, Arnau Baulenas, dijo que esperan una sentencia condenatoria contra los procesados y advirtió que podrían existir presiones para que los testigos no declaren en el juicio. «Tenemos la impresión, y algunas fuentes nos lo han comentado, de que hay fuerte presión de la PNC para que los testigos no vengan de una forma libre. Esperemos que esto no sea sí», denunció.
La Fiscalía ha ofrecido un centenar de testigos para confirmar la participación de los imputados en facilitar la huida de Juan Josué Castillo (Samurai) , también exmiembro del GRP y principal señalado del asesinato.
En septiembre de 2018, la Fiscalía confirmó el hallazgo de los restos de Carla Ayala en San Francisco Javier, Usulután. La víctima estuvo desaparecida desde diciembre de 2017.
Hace un año, las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República informaron de la captura de 11 policías y 11 civiles, que presuntamente integraban una banda de sicariato que operaba en San Miguel y Usulután. Este grupo ejecutó al menos 48 asesinatos, detallaron en aquel momento.
«Los imputados utilizaban ropa militar o policial, simulaban allanamientos para ingresar a las viviendas de las víctimas. Las privaban de libertad, luego las asesinaban utilizando armas de fuego y blancas; en algunos casos, en la misma casa de las víctimas», explicaron.
Entre las capturas estaban las de Juan José Castillo Castro y Joel Isaac Castillo Arévalo, padre y hermano de Josué Castillo Arévalo, alias «Samurái». Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, dijo que «esta estructura no tiene nada que ver con el caso de la agente».
Organizaciones reclaman al Estado salvadoreño por ser incapaz de capturar al agresor de Carla Ayala y señalan la complicidad de los altos mandos. El caso es símbolo de la exigencia de justicia para las víctimas de feminicidio en el país.
