Por Red Informativa de ARPAS
La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), que esta semana se reunió en el país en el 6° encuentro regional, expresó su preocupación debido a las políticas económicas de los gobiernos de Centroamérica que están impactando de forma negativa en el medio ambiente.
Señalaron que frente a la pandemia de COVID-19 se están implementando medidas de reactivación económica en detrimento del medio ambiente y la vida. «En la actualidad los gobiernos autoritarios se han instalado con la misión de consolidar un modelo económico extractivo basado en la expansión de mega proyectos de minería, hidroeléctricas, turismo y monocultivos que fomentan la explotación desmedida y descontrolada sobre los bienes naturales», advierten.
Además, la ACAFREMIN ve con preocupación el «resurgimiento de las instituciones militares reforzando la alianza político/empresarial de la región, en disposición de criminalizar la fiscalización y la protesta social».
El señalamiento se dio debido a los casos de defensores y defensoras de los bienes comunes que han sido criminalizados y llevados a la justicia por oponerse a proyectos que se consideran como atentarios del medio ambiente y la vida de las comunidades. Recordaron que uno de estos casos fue el de la ambientalista lenca Berta Cáceres, en Honduras. Según el informe «Defendiendo el mañana: la crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y medio ambiente», publicado en 2020 por Global Witness, Centroamérica «muestra mayor número de asesinatos de personas defensoras del ambiente».
Por tanto, la ACAFREMIN instó a los gobiernos a cumplir con los instrumentos internacional de derechos humanos, en particular destacaron la necesidad de que los Estados de la región adopten leyes de protección del agua que eviten su mercantilización, «por las graves repercusiones en la realización de los derechos, principalmente de los pueblos indígenas y comunidades vulnerables y excluidas».
Para la Alianza, es necesario que los Estados de la región «fortalezcan la participación de la sociedad civil informada, respetando el derecho de asociación, libre expresión y manifestación, por medio de efectivos procesos de información y consulta para la toma de decisiones».
Esta red de organizaciones afirmó que se mantendrá vigilante de las acciones de los gobiernos centroamericanos y los impactos que éstas tengan en el medio ambiente y la vida de las comunidades.
