En conferencia de prensa, integrantes de la Mesa de Protección a Periodistas denunciaron al menos 3 agresiones hacia periodistas de diferentes medios de comunicación, en el marco del ejercicio de su labor.
Por Red Informativa de ARPAS/Foto: LPG Judicial
La Mesa de Protección a Periodistas, integrada por el gremio periodístico y organizaciones defensoras de la libertad de expresión e información, condenó hoy tres ataques contra periodistas efectuados por actores estatales durante los últimos días.
La condena se refiere a las descalificaciones de Óscar López Jerez, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombrado ilegalmente por la mayoría parlamentaria oficialista el pasado 1o de mayo, contra el periodista Luis Muñoz, de Canal 33; a la deportación del periodista mexicano Daniel Lizárraga, quien se desempeñaba como editor del semanario digital El Faro; y la agresión física del subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Raúl Martínez Velásquez, contra el periodista Jorge Beltrán, de El Diario de Hoy.
El primer caso sucedió el pasado 5 de julio, cuando el magistrado Óscar López, llamó “periodista de mentalidad pobre” a Luis Muñoz, periodista de canal 33, luego de que este le hiciera una pregunta a López, sobre su relación con el ex fiscal Luis Martínez, condenado por actos de corrupción.
Los otros dos casos de vulneraciones, se realizaron este miércoles, con la expulsión del país periodista editor de El Faro, Daniel Lizárraga, a quien Migración le han dado un lapso de 5 días para salir del país. Mientras que, Jorge Beltrán Luna, periodista de El Diario de Hoy, fue agredido físicamente por parte de un subinspector de la Policía Nacional Civil.
Según César Castro Fagoaga, de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las agresiones constituyen violaciones flagrantes a la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho de información de la ciudadanía. Castro Fagoaga exigió al gobierno y a las demás instancias estatales a respetar el trabajo de la prensa.
«Lo que nos preocupa es que ese discurso de odio que se ha lanzado desde Casa Presidencial se convirtió ayer en una agresión”, expresó. Agregó que también es preocupante el silencio del director de la PNC, ya que estos hechos pueden sentar un precedente.
Por su parte, Beatriz Campos, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), informó que esta institución ya está investigando los casos y ha solicitado a las instituciones estatales involucradas que rindan un informe de los hechos denunciados. Campos considera que la deportación de Daniel Lizárraga, además de atentar contra la libertad de prensa, es una violación a sus derechos como persona migrante.
Mientras tanto, Loyda Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), señaló que los ataques contra periodistas son una doble agresión porque éstos ejercen también un rol como defensores de derechos humanos, además de la función periodística.
Finalmente, para Leonel Herrera, de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), estos ataques contra periodistas son una represalia por desmentir narrativas falsas del gobierno y evidenciar problemas que las autoridades niegan o minimizan.
Herrera exigió al gobierno que cese sus discursos de odio y su “narrativa anti-prensa” para evitar mayores actos de violencia; y llamó a la sociedad a defender a los periodistas, ya que éstos trabajan por el derecho ciudadano de estar informado sobre lo que sucede en el país. “Si a pesar de lo que ha pasado con Jorge Beltrán no para el gobierno a este discurso, pronto podemos tener a periodista ya no golpeados, sino que asesinados”, advirtió.
Los hechos denunciados
A inicios de esta semana, el periodista Luis Muñoz, de Canal 33 fue increpado por el magistrado Óscar López Jerez, presidente de la CSJ impuesto por el oficialismo. López Jerez descalificó y llamó “de mentalidad pobre” al periodista, cuando éste lo interrogó sobre los señalamientos de haber negociado con el ex fiscal general Luis Martínez beneficios para acusados de evasión tributaria.
Ayer, el periodista de El Diario de Hoy, Jorge Beltrán, recibió una bofetada en el rostro por parte del subinspector de la PNC, Raúl Martínez Velásquez, mientras daba cobertura al hallazgo del cadáver de un estudiante asesinado en Apopa, al norte de San Salvador. El agente policial impidió el paso al periodista y luego lo agredió físicamente.
Y también ayer, el laureado periodista mexicano Daniel Lizárraga, editor de El Faro, recibió la orden de abandonar el país en los próximos cinco días, a pesar de que su estancia en el país llegaba hasta final de julio y estaba tramitando un permiso laboral.
El hecho ha sido noticia internacional, dado el prestigio y reconocimiento de Lizárraga, quien además está vinculado a organizaciones como la Fundación Nuevo Periodismo, fundada por el premio nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez.
Silencio gubernamental
Hasta ahora, el gobierno no se ha pronunciado sobre ningún caso. Sobre la agresión contra Beltrán, guardan silencio el director de la PNC, el ministro de Seguridad y el propio presidente Nayib Bukele; y en relación a la deportación de Lizárraga, no han reaccionado las autoridades de Migración ni Bukele.
Tras la denuncia hecha por la Mesa de Protección a Periodistas, la APES acompañó al periodista Jorge Beltrán Luna a interponer la denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), “será responsabilidad de la Fiscalía que esta agresión no quede impune”, señaló César Fagoaga.
La Mesa exigió a la administración del presidente Nayib Bukele y a sus funcionarios respetar el ejercicio periodístico y el derecho a la libertad de prensa en El Salvador.
Los hechos ocurren en un contexto en el que, según el centro de monitoreo de la APES, las agresiones hacia la prensa han aumentado.
