Por Red Informativa de ARPAS/Foto: Diario Colatino
En la primera sesión de trabajo de la comisión legislativa que estudia la propuesta de Ley de Recursos Hídricos las y los diputados recibieron a representantes de 13 universidades del país, quienes expusieron el análisis que hacen del tema y las propuestas que antes se han presentado.
Durante su participación el rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias, insistió en que «deben cerrarse todos los huecos que puedan propiciar una participación privada en el recurso hídrico».
El vicerrector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas (UCA), Omar Serrano, dijo a la comisión que “la Ley del Agua debe responder a la situación crítica (ambiental y escasez de agua) que vive el país”.
Además, los representantes de la academia propusieron que las autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua no deberían sobrepasar los cinco años y solicitaron la incorporación de los “5 principios no negociables” que han definido los movimientos sociales y que incluyen un verdadero reconocimiento del agua como derecho humano.
También, las universidades recomendaron que la ley establezca un enfoque sostenible que refleje la compleja realidad hídrica del país prohibiendo el uso o aprovechamiento de agua en las áreas naturales protegidas.
Otras de las propuestas presentadas desde la academia son la incorporación del enfoque de género en la ley que se apruebe, tomando en cuenta los impactos que la falta de acceso al agua tiene para las mujeres y otras poblaciones vulnerables. Además, plantearon que es necesario regular los requisitos de la junta directiva de la Autoridad del Agua (ASA), potenciar el enfoque ecosistémico y no el enfoque extractivista, así como establecer los cánones o tarifas por el uso o aprovechamiento del agua.
Presidenta de la comisión: “No podemos detener el desarrollo y el proceso, sobre todo urbanístico”
Este miércoles la comisión que estudia la Ley de Recursos Hídricos presentada por el gobierno recibió a representantes de empresas privadas para escuchar sus opiniones acerca de la normativa.
En la primera intervención participaron los representantes de la Desarrolladora Inmobiliaria URBANICA, quienes son los encargados del denunciado y rechazado proyecto “Ciudad Valle el Ángel”, megaproyecto que según comunidades y organizaciones amenaza el nacimiento de agua Chacalapa, el cual abastece a las comunidades de Apopa y otras del norte de San Salvador.
Los representantes de la Constructora señalaron que es un “error conceptual” percibirlos como “agentes negativos” en la problemática del agua. Propusieron la revisión de los plazos sugeridos en la ley, según dijeron, a efectos de lograr una “mayor eficiencia en la tramitología”.
Tras la exposición de URBANICA, la presidente de la comisión la diputada Sandra Martínez dijo que “no podemos detener el desarrollo y el proceso, sobre todo urbanístico”. La postura de la funcionaria reitera el discurso del presidente de la República, Nayib Bukele, quien el año pasado dijo que el Acuerdo de Escazú no sería firmado por el país para no detener “el desarrollo”.
La diputada Norma Lobo, también de la denominada bancada cyan, dijo a los representantes de la inmobiliaria que “no se preocuparan por los permisos para el uso y aprovechamiento del agua” y aseguró que tomarán en cuenta las sugerencias del sector empresarial para ser incluidas en la ley del gobierno.
Los representantes de Inversiones Vida, S.A de C.V, Agua Alpina, expresaron su apoyo al proyecto de ley del gobierno. Señalaron que la propuesta les permitirá “generar inversiones y seguridad jurídica”. En cuanto a las autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua, sugirieron que se amplíe de 5 años a 10 años.
El sector azucarero, representado por la empresa La Cabaña S.A. de C.V. y Jiboa S.A. de C.V. propusieron integrar a la parte industrial dentro del Autoridad Salvadoreña del Agua.
La comisión también recibió a representantes de Industrias la Constancia, empresas Sherwin Williams y Productos Alimenticios Diana.
Para la jornada de hoy estaban convocadas 17 entidades privadas de la cuales asistieron 10.
Las organizaciones sociales han reiterado que la ley de aguas que se apruebe en la Asamblea Legislativa debe responder a los intereses de la población y solventar las necesidades que no tienen acceso a este bien natural.
