Por Red Informativa de ARPAS
Una reciente investigación periodística del medio digital El Faro reveló que el Director General de Centros Penales y viceministro de Justicia y Seguridad, Osiris Luna Meza, vendió 42,909 sacos de alimentos valorados en $1,609,087.50.
El artículo señala que “los productos estaban destinados para los afectados por la pandemia de la Covid-19, pero Luna se encargó, junto a su madre, Alma Yanira Meza Olivares, y un empleado de confianza, de vender los alimentos a un comerciante identificado como Ismael Oliverio Martínez Arévalo con antecedentes de contrabando”.
Sin embargo, hasta hoy, el presidente de la República Nayib Bukele, no ha dado un posicionamiento público respecto a estos señalamientos. Al contrario, se le ha visto muy activo promoviendo la aplicación “Chivo” para el uso del bitcoin, cuestionando la “Lista Engel”, entre otros.
Esto pese a que en mayo de 2020, el mandatario afirmó que él se encargaría de “meter presos” a funcionarios que “robaran durante la pandemia”.
Durante la emergencia sanitaria por COVID-19 también han sido señalados por cometer actos de corrupción el ministro de Salud, Francisco Alabí, y el ex ministro de Agricultura, Pablo Anliker.
En abril de 2021 el ex fiscal, Raúl Melara, recibió de la Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIES) doce avisos de posibles casos de corrupción en 5 carteras del Estado salvadoreño, luego que dicha instancia realizara una auditoría a los fondos usados durante la pandemia. Algunos meses después el presidente Nayib Bukele anunció el fin del convenio entre el gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) que respaldaba el funcionamiento de la CICIES.
La administración del presidente Bukele es duramente cuestionada por el ocultamiento de información y los señalamientos de corrupción, principalmente durante la pandemia de COVID-19 que ya ha dejado más de 3 mil personas fallecidas en el país.
