Incluso, algunos diputados que habían comprometido apoyo a la propuesta se retractaron, asustados por la presión de entidades ultra conservadoras como la “Fundación Sí a la Vida”, la Iglesia Católica (concretamente el Arzobispo Escobar Alas) y el séquito de medios hegemónicos que difunden acríticamente los falaces argumentos anti-abortistas.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (específicamente la Procuradora Raquel Caballero) también se ha sumado al coro de los que niegan el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Contrariando tratados internacionales sobre derechos de las mujeres y dominada por el fundamentalismo religioso, la flamante “defensora del pueblo” asume el discurso hipócrita y trasnochado de quienes – como diría irónicamente el teólogo español Juan José Tamayo – defienden la vida únicamente antes del nacimiento y después de la muerte.

Caballero hasta se atreve a descalificar opiniones científicas y jurídicas de instancias de Naciones Unidas y las acusa de estar financiadas por la industria del aborto. ¡Qué desconsideración y falta de respeto hacia instituciones internacionales que apoyan la defensa de los derechos humanos en el país y han respaldado el rol de la Procuraduría!

Así que, mientras la derecha legislativa y los grupos de presión que están detrás de su negativa de despenalizar el aborto (Arzobispo y Procuradora incluidos), mujeres pobres que tengan abortos accidentales seguirán pudriéndose en la cárcel condenadas a 40 años de prisión por “asesinato”.

El Salvador seguirá en la ominosa lista de los cinco países del mundo que se niegan a entrar en la modernidad y mantienen la penalización total del aborto (Nicaragua, Honduras, República Dominicana y El Vaticano).

Desde este espacio editorial reprobamos la irresponsabilidad parlamentaria y cuestionamos la anquilosada, hipócrita y troglodita posición del lobby anti-abortista.