A pesar de la reducción de la evasión en los últimos años, el monto siempre es alto. Según el Departamento de Economía de la UCA, la evasión (de IVA y Renta) ronda los 1,500 millones de dólares al año.

A esto se suma la elusión o evasión legal: las exenciones permitidas por una veintena de leyes aprobadas en los gobiernos de ARENA, entre éstas la de Zonas Francas, Servicios Internacionales, Turismo, y de Inversiones. Estas leyes deberían ser modificadas, pues la atracción de inversiones no debe hacerse fomentando el no pago de impuestos.

Y para combatir mejor la evasión, urge aprobar la Ley de Cobro Coactivo y las reformas que castigan con penas de cárcel a los evasores. Estas normativas, sin embargo, son rechazadas por la derecha parlamentaria que protege a grandes evasores, sobre todo el oligárquico partido ARENA.

ARENA y compañía tampoco aprueban una política fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”, que incluya impuestos directos al patrimonio, a la gran ganancia empresarial, a bienes y servicios de lujo y grandes transferencias financieras, para hacer justicia tributaria, proveer al Estado recursos necesarios para resolver los problemas del país y reducir la concentración de la riqueza.

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), estas medidas son necesarias para reducir la desigualdad social y económica generada por esquemas tributarios regresivos característicos de los modelos neoliberales.

En el país, los niveles de desigualdad podrían ser aún mayores si la derecha oligárquica logra mayoría legislativa en los comicios de marzo próximo o regresa al Ejecutivo en las presidenciales de 2019. Si eso sucede, ARENA aplicará un terrible ajuste fiscal basado en las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI): incremento de IVA a los consumidores, eliminación de subsidios a familias pobres, congelamiento de salarios mínimos, aumento de la edad de jubilación y despido de empleados públicos.

Ojalá que esto no suceda.