Tal acción es positiva, pues al fin el TSE actúa contra un violador la ley electoral. Sin embargo, es criticable sancionar a un diputadito irrelevante (famoso únicamente por insultar al Presidente de la República y por estar señalado de tener un “troll center” en las mismísimas instalaciones de la Asamblea Legislativa), pero dejar impune la más nociva e ilegal campaña adelantada de ARENA: el intenso proselitismo de los precandidatos presidenciales Javier Simán y Carlos Calleja.

El Tribunal sanciona a Jiménez, pero permite que los empresarios Calleja y Simán sigan recorriendo el país y saturando los medios de comunicación con propaganda abierta, a un año y medio de las próximas elecciones presidenciales.

Y esto es así porque la derecha tiene el control y la correlación en el TSE, gracias a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que mantiene suspendido al magistrado Ulises Rivas para inclinar la balanza a favor de ARENA.

Es decir, los últimos responsables del fraude que significa la campaña adelantada de los presidenciables del partido oligárquico son los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco, quienes ponen su granito de ARENA para instalar en junio de 2019 un gobierno “de los ricos” y “para los ricos”.

Y para que ese eventual gobierno “de los ricos” y “para los ricos” pueda funcionar sin transparencia y rendición de cuentas, los magistrados de la Sala también anularon la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), mediante una resolución espuria que establece nuevos criterios para denegar solicitudes de información planteadas por la ciudadanía o por la prensa.

Volviendo al TSE, éste es un tribunal ausente. Sanciona a un vulgar candidato a diputado que hace pininos en motocicleta para ganar votos, pero deja impune el proselitismo de los presidenciables de la mezquina y voraz oligarquía.