Esta reprobable omisión confirma no sólo la decisión de la prensa hegemónica de ocultar hechos positivos que le otorguen créditos al gobierno, sino también recuerda que esos medios nunca contribuyen a la promoción de la cultura de paz.
Antes de la guerra, los medios conservadores cerraron sus espacios informativos y de opinión a los dirigentes opositores. Según relata el periodista René Contreras en un libro sobre radiodifusión en El Salvador, en 1979 hasta el empresario Francisco de Sola pidió a los dueños de los medios permitir que sindicalistas y activistas de izquierda pudieran expresarse.
Por tanto, esos medios (TCS, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy) son responsables de la guerra, porque ésta no sólo fue por causas estructurales de exclusión económica y cierre de espacios político-institucionales, sino también por el cierre mediático a las voces contrarias al régimen dictatorial de esa época.
Durante la guerra, dichos medios ocultaron la violencia y el terrorismo de Estado. Por ejemplo: el 10 de diciembre de 1981, día en que inició la masacre de El Mozote, La Prensa Gráfica – cuyo eslogan es “noticias de verdad” – publicó que los pobladores de la zona recibían jubilosos a los militares que llegaban a liberarlos del hostigamiento de “grupos extremistas”.
Al final de la guerra los medios evitaron que los Acuerdos de Paz incluyera la democratización de las comunicaciones. La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy debieron ser clausurados junto con el Batallón Atlacatl, la Guardia y la Policía Nacional.
En los Acuerdos únicamente se incluyó otorgar frecuencias a las radios guerrilleras que luego se perdieron y un llamado a todos los medios a impulsar una campaña sobre la reconciliación nacional. Los medios quedaron impunes y el país conservó el modelo mediático de la guerra.
Y en la actualidad, la derecha mediática sigue negándose a contribuir a la cultura de paz. Lo confirma su rechazo visceral contra el Artículo 30 del Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia.
El inofensivo artículo no plantea controles de contenido o restricciones a los medios, pero ASDER y otros medios privados lo denuncian como intento gubernamental de amordazarles y vulnerar la libertad de expresión y de prensa. En el fondo, no quieren contribuir a la cultura de paz y, por tanto, son cómplices de la cultura de la violencia