Del resultado de estas dos batallas estratégicas dependerá si el país profundiza la privatización, el mercantilismo y el desprecio por los derechos humanos;
o si – por el contrario – toma fuerza la agenda anti – neoliberal, pública, ciudadana y pro – derechos. Eso es lo que está en juego, nada menos.

Sobre la ley de agua, la disputa está en la integración del ente rector de las políticas hídricas. La derecha – sobre todo la oligárquica ARENA – puja por que esté controlada por la ANEP, con el fin de privatizar el vital líquido; mientras que el gobierno, el FMLN y las organizaciones populares exigen que sea una instancia totalmente pública.

Esta segunda posición, la naturaleza pública, también es respaldada la Universidad Centroamericana (UCA) y la Iglesia Católica, que tienen un rol muy activo y propositivo en el debate parlamentario y en la discusión publica.

La semana pasada, la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático acordó que será una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Medioambiente; pero dejó pendiente definir el punto clave: quiénes integrarán el directorio.

Y en relación a la reforma de pensiones, la derecha está unánime defendiendo el sistema privado y pujando por una reforma que incremente o – al menos – mantenga el negocio de las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFPs). Esta propuesta no resuelve el problema de la deuda previsional y no garantiza pensiones dignas y vitalicias para los jubilados.

Por eso, las organizaciones sociales y sindicales plantean un sistema totalmente público administrado por el Estado y que elimine las AFPs.

En este tema, el gobierno asume una postura intermedia y propone un sistema de reparto mixto, que mantenga a las AFPs y provea fondos públicos para empezar a saldar la deuda que supera los 4,000 millones de dólares.

En ambos temas, la derecha tiene correlación parlamentaria. Sin embargo, la presión de todos los sectores progresistas y democráticos podría inclinar la balanza hacia legislaciones que favorezcan a la población y no a los mezquinos intereses privatizadores de las grandes empresas.

Este jueves decenas de sindicatos y organizaciones sociales marcharán contra las AFPs y por una sistema previsional público; y para la siguiente semana se perfilan acciones de hecho en favor de una ley de agua que establezca un ente rector público.

Ojalá que toda la población decente, honrada y trabajadora se sume a estas luchas estratégicas del pueblo.